La Guardia Civil no tiene un criterio único a la hora de conceder el permiso de lactancia a los hombres y este derecho puede variar en función de la comandancia en la que se encuentre destinado el agente que acaba de ser padre. Esta interpretación se deriva de una resolución lograda por CSI-F el pasado febrero, en la que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas reconoció, por primera vez, el pleno derecho de un funcionario de prisiones en la cárcel de Herrera de la Mancha, a disfrutar del permiso de lactancia, con independencia de que la mujer trabaje por cuenta ajena o no.
Tras las alegaciones del sindicato, basadas en la jurisprudencia europea, Hacienda reconsideró su denegación inicial, desvinculando el permiso de lactancia del hecho biológico de dar el pecho, entre otras cosas, porque hoy en día la lactancia natural se puede sustituir por un biberón de leche artificial o un sacaleches.
La lactancia, explican desde CSI·F, debe considerarse como un tiempo de cuidado en favor del hijo y por lo tanto, una medida conciliadora de la vida familiar y laboral. Es decir, aunque la mujer no trabaje, no tiene por que dedicarse de manera exclusiva al cuidado del recién nacido (también puede buscar trabajo, formarse y por supuesto disfrutar de su tiempo libre) y el varón, de manera paralela, ejercer su condición de padre corresponsable.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, colabora jurídicamente con un agente destinado en el Puesto Principal de Laguna de Duero de la Comandancia de Valladolid al que se le ha desestimado este derecho porque su pareja, en la actualidad, no desempeña ninguna actividad laboral, tal y como consta en la resolución de 5 de junio de 2013.
Sin embargo, un mes antes, en este caso la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, concedió este mismo permiso a un agente destinado en el Puesto de Moaña. Este último cuartel se ampara en el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución y el artículo 3 del Código Civil, según el cual “las normas deben interpretarse conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”.
Por este motivo, CSI·F sigue trabajando, en colaboración con otras organizaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para modificar la ley y disipar las dudas interpretativas en los diferentes ámbitos de la Administración, incluidas las comandancias de la Guardia Civil.