Daimiel Noticias.- En el pleno de julio, el Grupo Municipal Popular avaló las medidas implantadas por el Ejecutivo Autonómico y rechazó pedir que ponga en marcha un plan de empleo para localidad, como solicitó el Grupo Municipal Socialista.
El debate sobre políticas de empleo planteado en el pleno de julio se saldó con el apoyo a las medidas implantadas por el Gobierno regional y con el rechazo a la petición de que el Ejecutivo autonómico ponga en marcha un plan de empleo para la localidad, tal y como solicitaba el Grupo Municipal Socialista. La mayoría del Grupo Municipal Popular, con 10 concejales, fijó estos posicionamientos tras un de nuevo áspero cruce dialéctico, en el que se debatieron conjuntamente las mociones de populares y socialistas.
Desde Izquierda Unida, que apoyó la solicitud del grupo socialista, su portavoz, Galo Sánchez Bermejo, insistió en que la solución al problema del paro pasa por cambiar el «fracasado modelo económico neoliberal» que, a su juicio, defienden tanto Partido Popular como Partido Socialista.
Por su parte, la portavoz socialista, Cristina Maestre, que recordó que hace justo un año plantearon esta misma moción, urgió a que se cumpla «la columna vertebral» de la promesa electoral del Partido Popular: «la creación de empleo». Asimismo, Maestre se quejó de que cruzado el ecuador de la legislatura los dirigentes del PP «sigan hablando del pasado» y subrayó que mientras la Diputación de Ciudad Real pone en marcha planes de empleo, la Junta se niega.
La portavoz popular y concejal de Empleo, María Dolores Martín de Almagro, apuntó que en estos últimos cinco meses se observan «tímidas» bajadas del paro y que las medidas puestas en marcha por el Partido Popular van encaminadas a una solución estructural. Y es que, según su opinión, los anteriores planes de empleo «dilapidaron» dinero público y contribuyeron a disparar la deuda del Ayuntamiento. En este sentido, Martín de Almagro recalcó que la inversión del Gobierno Cospedal en materia de empleo es «mayor que la de últimos cinco o seis años de gobiernos socialistas». En concreto la cifró en 320 millones de euros, «la deuda que dejó el gobierno anterior» en este apartado.
En cuanto a la actuación del consistorio, la concejal remarcó que en 2012 se destinaron 400.000 euros a las contrataciones temporales ligadas a los planes de empleo, y que en lo que va 2013 esa partida asciende ya a 90.000 euros.
Sobre la ultima iniciativa presentada por la Diputación de Ciudad Real, tanto la concejal como el alcalde, Leopoldo Sierra, mostraron su decepción ya que se esperaban «los 10 millones que anunciaron en los medios, y no los 4 que recoge la orden». En su intervención, el primer edil también reseñó que la deuda municipal de «más de 38 millones de euros» limita cualquier inversión para «esta y próximas legislaturas».
A continuación, en un debate donde primaron las referencias a los casos de Bárcenas, los ERES de Andalucía, o a la reducción de diputados en las Cortes Regionales sobre el tema de fondo, también se aprobó con el apoyo de los diez concejales populares la adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (2013-2016) que ha presentado el Gobierno nacional.
Universidad
La cuarta y primera moción que se elevó a pleno propugnaba la creación de un Fondo de Ayuda para los universitarios daimieleños. Lo solicitaba Izquierda Unida ante «la barbaridad» de la reforma para el acceso a las becas que ha planteado el ministro de Educación. Sánchez-Bermejo cree que de seguir adelante se conformaría «una universidad de élites, una universidad donde solo los ricos podrían estudiar». Así también lo veía el portavoz socialista, Juan Manuel Prado, para quién la crisis estaría sirviendo de «excusa a la hora instaurar un modelo, una estrategia diseñada para expulsar universitarios».
María Dolores Martín de Almagro, concejal de Educación, rechazaba estos planteamientos y apuntaba que las becas «son inversiones de futuro». Tras recalcar que «con el dinero de todos hay ser especialmente escrupulosos», Martín de Almagro explicaba que el ayuntamiento no tiene competencias en este asunto y que el Gobierno Regional estudia crear un Fondo para ayudar a aquellos estudiantes que no han pagado el segundo plazo de la matrícula.
Otros asuntos
Antes de estas mociones, que consumieron la mayoría de las tres horas y media de sesión, se aprobaron otras cuestiones. Entre ellas, se acordó por la unanimidad de los 17 concejales solicitar de nuevo que la Sindicatura de Castilla-La Mancha fiscalice las cuentas municipales. El alcalde explicó que era necesario el voto favorable de todos los concejales electos, según el acuerdo vigente entre los grupos parlamentarios regionales de PP y PSOE. Consenso que se repitió para sumarse a la plataforma electrónica ‘Emprende en 3’ o para fijar que el 1 y el 5 de septiembre (lunes y viernes) serán las Fiestas Locales de 2014.
Donde no hubo acuerdo en esta primera parte del pleno fue en el cambio de la Ordenanza Fiscal que regulará a partir de ahora el precio público en el Centro de Discapacitados Psíquicos «Azuer». Aunque IU y PSOE tenía reticencias al entender que podía dar pie a un crecimiento del absentismo, la concejal de Servicios Sociales, María Carmen Torija, reseñó que la decisión cuenta con el aval del equipo técnico del centro y con el apoyo de los familiares de los usuarios, y que en ningún caso supondrá un desembolso mayor al actual. Además, Torija recordó que este método se aplica con el resto de servicios que se integran en ese edificio. Así las cosas, los usuarios pasarán de pagar a principios de un mes un fijo por los servicios de comedor y transporte, a pagar a mes vencido descontándoles de ese precio sus posibles ausencias justificadas a partir del cuarto día y repercutiéndoles en esos días una reserva de plaza.
Sin preguntas
El apretado orden del día dejó un margen de dos minutos para plantear los posibles ruegos, urgencias y preguntas. Un tiempo que únicamente sirvió para desestimar el carácter urgente de una moción de Izquierda Unida donde pedía explicaciones por la no renovación del proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, que ha financiado la obra social de «La Caixa» durante los últimos tres años y que, según se expuso, se comprometía a seguir haciéndolo hasta 2015.
