El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Ángel Puente, ha acusado este viernes al Grupo Socialista de “reírse de todos los vecinos” en el Pleno municipal celebrado el jueves, que calificó como “extraño”, ya que “no sabíamos qué concejales teníamos enfrente”. “Tres concejales del PSOE no estuvieron y los otros siete entraban y salían del Pleno, y una de ellas incluso votó algo diferente al resto de sus compañeros en una moción presentada por ellos mismos, con lo que parece que ya no tienen ni siquiera una opinión común”, comentó.
Para Puente, “vinieron a este Pleno a reírse de todos los vecinos y lo hicieron fundamentalmente con tres carcajadas”. Así, señaló que la primera fue pasarse todo el Pleno “insultando al secretario de habilitación nacional”. “Es como si vas a un juzgado a insultar al juez; es un fedatario público”, subrayó. Asimismo, indicó que, pese a lo afirmado por los socialistas, comparadas las nóminas del actual secretario y el que había con el anterior Gobierno socialista, que era de carácter accidental, éste cobraba mil euros más al mes que el actual. “No se puede consentir que un partido que dice tener vocación de gobernar se dedique a insultar a un trabajador público”, señaló Puente.
La segunda “carcajada” llegó cuando se estaba tratando el punto de la extinción definitiva de la Fundación Municipal para la Promoción Económica y el Empleo, momento en que los concejales socialistas que había “hicieron la espantada y se salieron del Pleno”, lo que es “una falta de respeto a las instituciones, a la ciudad y a sus propios votantes”. “Decían que faltaba un papel, pero ese papel decía exactamente lo mismo que ellos ya votaron en la comisión preparatoria el viernes pasado”, comentó el portavoz municipal, quien se mostró convencido de que el PSOE ya venía previamente dispuesto a montar “un nuevo numerito, como es costumbre”.
Y la tercera carcajada de los socialistas a los vecinos llegó en el punto en el que el equipo de Gobierno propuso declarar la nulidad de los convenios suscritos por la anterior Corporación Municipal con las empresas responsables de las centrales termosolares, unos convenios “ilegales” que han supuesto que el Ayuntamiento dirigido por el PSOE perdonara a dichas empresas un total de 50 millones de euros y que se hicieron el 1 de junio de 2011, tras las últimas elecciones municipales y antes de la toma de posesión del nuevo equipo de Gobierno. “Creíamos que explicarían por qué, pero no lo hicieron; dijeron que no sabían nada, que lo hicieron de buena fe, que da igual si esos convenios y subvenciones millonarias se aprueban en Pleno o en la Junta de Gobierno Local…”, recordó Puente. “Y todo ello, sin que se solicitaran informes jurídicos ni económicos”.
Sin embargo, en el Pleno se vio un informe jurídico que detalla todas las irregularidades detectadas en los convenios con las termosolares. Así, se indica que las subvenciones de cuantías elevadas, que llegaron incluso hasta los 7,5 millones de euros, no se pueden conceder mediante la Junta de Gobierno Local, sino que el órgano competente es el Pleno. “Pero claro, en la Junta de Gobierno Local no está la oposición y se podían hacer esas cosas sin enterarse nadie más que el alcalde y sus concejales”. También se cambió la base imponible de la aportación de las empresas al Ayuntamiento, algo también ilegal. Por otro lado, se otorgaron subvenciones por obras o actuaciones no realizadas. “Dieron una subvención de un millón de euros a una empresa por hacer cursos de formación valorados en 500.000 euros; también se subvencionó una fábrica valorada en 12 millones de euros que no tenía licencia y se cedieron hectáreas con ayudas muy superiores al valor real del terreno”.
Así las cosas, Puente afirmó que los convenios no eran sino una manera de “vestir al muñeco” para darles “una apariencia de legalidad que no tienen”. Es la opinión de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, de la Sindicatura de Cuentas y de otros órganos consultados. “Eran sólo un artificio para perdonar el Impuesto de Construcciones y Obras, el canon de aprovechamiento urbanístico y las tasas de licencia urbanística y de expedición de documentos”.
Por todo ello, el Ayuntamiento debería haber recaudado 32 millones de euros de cada una de las dos empresas que finalmente construyeron dos centrales termosolares (cuatro en total), pero sólo recaudó 12 millones. Faltarían otros 20 millones de cada empresa. En cuanto a las empresas que finalmente no llevaron adelante sus proyectos, no tenían que pagar ICIO ni canon, pero sí las tasas. En concreto, una empresa debe 3,6 millones de euros, otra 3,3, otra 3 y una cuarta no ha pagado 1,2 millones. De esta forma, el total del dinero perdonado entre las empresas que construyeron sus centrales termosolares y las que no lo hicieron supera los 50 millones de euros.
Además, pese a lo afirmado por el anterior alcalde sobre que las que finalmente no realizaban sus proyectos no debían pagar las tasas, señaló que recientemente una empresa distinta que se encontraba en la misma situación sí que abonó al Consistorio sin objeción alguna los 360.000 euros que le correspondían de las tasas municipales.
“Por responsabilidad, este equipo de Gobierno va a defender a los vecinos y va a intentar cobrar esos 50 millones que permitirán realizar una importante política de inversiones para la ciudad”, indicó Puente, quien señaló que la próxima semana hay prevista una reunión con las empresas afectadas para ver la manera de que paguen lo que deben al Ayuntamiento, “siempre con una línea roja, que es defender los intereses de los vecinos de Alcázar, a los que nunca se les han perdonado los impuestos”. “El PSOE podía haberlo explicado, pero en lugar de eso vienen a reírse del secretario, de las instituciones y de los vecinos”, afirmó.
Por último, Puente apuntó que “en España es muy difícil de demostrar el cohecho, pero cuando se perdonan 50 millones de euros es lógico preguntarse por qué se perdonaron; algún motivo tendría que haber”. “No había necesidad de hacerlo porque estas empresas ya contaban con una prima del Gobierno central y con las subvenciones del Plan de Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha”, matizó.
Asimismo, indicó que “casualmente” la mayoría de las centrales termosolares están en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, tres regiones gobernadas durante años por el PSOE, y en la provincia de Ciudad Real el mayor número de estas plantas están en Puertollano y Alcázar de San Juan, también gobernadas siempre por los socialistas; y la apertura de las de Alcázar coincidió con el PSOE también en el Gobierno central.
