El coordinador del grupo de parlamentarios nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, ha señalado hoy que la reforma de la administración que plantea el Gobierno de Rajoy «puede suponer el despido de hasta 14.000 empleados públicos en nuestra región».
Alonso para aportar esta cifra argumentó que en el plan aprobado ayer por el Consejo de Ministros se plantea una reducción de gastos de personal de 12.966 millones de euros hasta 2014, de los que 8.542 debería ser asumidos por las comunidades autónomas. «Teniendo en cuenta el peso de la administración de Castilla-La Mancha a nivel nacional, a nuestra región le correspondería una reducción en estos costes de personal de entre 400 y 500 millones de euros, lo que supondría en la práctica echar a la calle a 14.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha, que se sumarían a los más de 20.000 que ya ha echado el gobierno de Cospedal en los dos últimos años”, dice.
El diputado socialista se mostró «muy preocupado» por este hecho y exigió al Gobierno regional que se oponga a esta reforma, «como ya han hecho los ejecutivos de otras comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias o Canarias».
Alonso recordó que «han sido muchos los esfuerzos que se han pedido a los empleados públicos de nuestro país y de nuestra región y ya no se puede ir más allá”. Por eso indicó que el PSOE se opondrá de forma rotunda a estos despidos, «al igual que harán, sin duda, los sindicatos».
Por otra parte, el parlamentario socialista preguntó a Cospedal, si siguiendo las directrices que se recogen en el informe elaborado por el Gobierno, está dispuesta a eliminar en Castilla-La Mancha la Sindicatura de Cuentas, los servicios de cooperación internacional, la agencia de evaluación universitaria o programas destinados a los mayores como los de turismo y termalismo. “Algo que de llevarse a cabo también ocasionaría el despido de empleados tanto públicos como privados”, sentenció.
Alonso se mostró a favor de las recomendaciones que realizan los técnicos para la modernización de la administración y que supongan mejor atención y menor tiempo de respuesta para los ciudadanos, «medidas que se vienen haciendo desde hace años». Lo que sí criticó es que «se plantee una cifra de 37.500 millones de euros de ahorro en adelgazar la administración pública, algo totalmente inasumible que solo se podría hacer con un coste brutal para toda la sociedad española”.
Por último, Alonso señaló que «no hay que demonizar a la administración pública española porque es mucho más pequeña que con la que cuentan nuestros países vecinos o la media de los países de la OCDE».
