Los representantes de los partidos políticos legalizados y con presencia en Castilla-La Mancha: Partido Castellano (PCAS), Equo, Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), Unidad Castellana (UDCA), Unidad regional Independiente (URI) y Por un Mundo Más Justo (M+J) han mostrado en un comunicado su «absoluta disconformidad» con la reforma del Estatuto de Autonomía y de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha que tiene como objetivo reducir el número de Diputados autonómicos a una horquilla de entre 25 y 35.
Según estos partidos, la reforma auspiciada por el PP «dejaría cerradas las puertas de las Cortes autonómicas a la representatividad, pluralidad y democracia, y consagraría el bipartidismo en la comunidad, generando a la ciudadanía la sensación de que la institución que debe representar a todos los habitantes de Castilla-La Mancha está sólo al servicio de los grandes partidos y sus aparatos de poder».
Por este motivo, exigen al PP que «desista de limitar el número de representantes de los ciudadanos en las Cortes Autonómicas, pues con esta medida, apoyada en una injusta Ley Electoral, está condenando la posibilidad de que otras opciones políticas, cuyos posicionamientos pueden potencialmente tener cabida en la Cámara, tengan una representatividad ajustada y real de acuerdo a los resultados de las urnas».
«No hay más que estudiar las altas cifras de abstención en los últimos comicios para darse cuenta de que es necesario luchar contra la desafección política facilitando y no entorpeciendo el papel que pueden desempeñar otras opciones políticas como las que aquí constan», señalan.
Desean también expresar, tanto al PP como al PSOE, las líneas que consideran deben primar a la hora de plantear una reforma electoral en esta Comunidad, y que reproducimos en su integridad:
· Mantenimiento del número de Diputados autonómicos en el límite mínimo y máximo fijados por el Estatuto en vigor (mínimo de 47 y máximo de 59, según el artículo 10.2)
· Creación de la Circunscripción electoral única en Castilla-La Mancha.
· Reforma de la Ley Electoral para establecer el sistema de listas abiertas y en cremallera (esto último ya contemplado en la Ley Electoral actual), más democrático y libre que el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas.
· Abogamos por una Ley Electoral que facilite la participación real de todos los ciudadanos, sin discriminaciones en razón del poder adquisitivo de los candidatos.
· Mayor proporcionalidad en el reparto de escaños, eliminando el límite mínimo para entrar en el reparto de los mismos, el cual lo marcará el propio sistema de reparto elegido y el número de escaños.
· Eliminación del adelanto de subvenciones electorales a los grandes partidos, reparto equitativo del tiempo de presencia en los medios de comunicación pública entre todos los partidos políticos.
· Obligatoriedad del sistema de elecciones primarias en los partidos para elegir candidatos.
· Instauración de un sistema de mayor transparencia en los partidos políticos.
· Reducción real del número de altos cargos y asesores, no electos por los ciudadanos.
· Mayor participación ciudadana en los procesos electorales para garantizar su transparencia y la igualdad de oportunidades.
