Las pymes y los autónomos agonizan y el gasto público-político improductivo subsiste.
Es absolutamente contradictoria la forma que tiene el Gobierno de “ayudar” a las pymes y a los autónomos, por ejemplo, mediante el “Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2013” o la modificación del “Fondo de Ayuda al Comercio Interior”. (E, igualmente, a través de la nueva “Ley de Emprendedores”).
Estos dos últimos programas de ayuda pretenden potenciar la innovación, la competitividad, las ventas, las inversiones, la liquidez, la internacionalización, etc., del comercio minorista. Para ello, el Gobierno “pondrá a disposición” de los empresarios del citado sector 28,68 millones de euros.
¿Son estos los nuevos “Planes E” de Rajoy destinados a las pymes y a los autónomos? ¿Tiene alguna lógica competitiva subvencionar al comercio y continuar friéndolo a impuestos?
Estas subvenciones, que en realidad son ayudas económicas cortoplacistas, únicamente podrán servir para mantener a algunos comercios con respiración asistida pero sin sacarlos del coma empresarial en el que se encuentran actualmente. Aunque de este modo, las pymes y los autónomos de este sector podrán seguir pagando impuestos y, por tanto, financiando el gasto público y político improductivo.
Finalmente, los comercios devolverán al Estado estos incentivos económicos multiplicados y en forma de impuestos confiscatorios. Por tanto, estas ayudas no resolverán los problemas de viabilidad económica del comercio y, por el contrario, prolongarán la agonía del sector. En resumen, se trata de una operación en la que se oxigena temporalmente a los comercios al objeto de exprimirlos fiscalmente durante más tiempo pero la rentabilidad se la llevará la Administración. ¿Quiere dopar el Gobierno a los comercios a través de estos planes sin futuro?
La Administración arruina a las empresas y, a la vez, se financia gracias a ellas. Las subvenciones son sinónimo de corrupción.
¿Cómo se podría ayudar realmente a las pymes y a los autónomos españoles?
Experiencias y casos reales de miles de empresarios:
En la actualidad y en determinadas comunidades autónomas, existen subvenciones concedidas desde hace más de 4 años por la Administración que todavía no han sido cobradas por las empresas adjudicatarias. Durante el tiempo transcurrido entre la concesión de una línea de subvenciones por parte de la Administración hasta que se produce el ingreso de las mismas, multitud de las empresas adjudicatarias desaparecen y, por tanto, no cobran estas ayudas.
Otro handicap para las empresas viene definido por el maremagnun normativo de las autonomías y la engorrosa e interminable tramitación burocrática que desanima a muchos empresarios a la hora de solicitar subvenciones.
Además, en España, tanto el modus operandi como los criterios de selección respecto a la concesión, en muchos casos, de determinadas subvenciones se basan únicamente en la afinidad al partido político que gobierna, esta situación provoca una falta de credibilidad y de confianza hacia la Administración que raya el tercermundismo.
Si el Gobierno quisiera ayudar a las pymes y a los autónomos, apostaría por reducir considerablemente las abusivas cuotas a la Seguridad Social (y no sólo a los nuevos emprendedores menores de 30 años, medida que contempla la nueva Ley de Emprendedores).
Del mismo modo y debido a la presión fiscal del Gobierno, los costes de los suministros en general, y en el sector del comercio en particular, han subido en los dos últimos años en un porcentaje insostenible, provocando el cierre de muchos negocios y el aumento de la economía sumergida (por motivos de mera subsistencia empresarial y no por elección).
Las pymes y los autónomos españoles se encuentran inmersos en un dantesco círculo vicioso: deben soportar el incumplimiento permanente de la Ley de Morosidad Pública por parte de la Administración (que paga tarde, mal y nunca) y, paralelamente, en el caso que tengan alguna deuda con la Seguridad Social o Hacienda, estas instituciones embargan automáticamente y sin demora sus cuentas. Hacienda y la Seguridad Social, en el caso de las pymes y los autónomos, ni siquiera tienen en cuenta los históricos (antecedentes respecto a los pagos) de la empresa para negociar las deudas, puesto que el único objetivo que tienen es recaudar para el Estado sin importarles los cadáveres empresariales que dejen por el camino. ¿A alguien le sorprende el índice de alta mortandad empresarial?
Las empresas que no consiguen sortear las constantes zancadillas que pone la Administración están abocadas a la liquidación y, en el caso que no puedan hacer frente a las deudas, al concurso de acreedores. En muchas ocasiones, el empresario suele ser avalista personal y termina en un doble concurso: el suyo como persona física y el de su empresa. El modelo de concurso de acreedores español deja a las empresas, en la mayoría de los casos, sin ningún plan de viabilidad futuro y al empresario con deudas de por vida, además, los concursos suelen ser gestionados por administradores concursales sin ninguna experiencia empresarial. ¿Esta es la segunda oportunidad a la que se refiere la nueva Ley de Emprendedores?
La razón de ser de la crisis de las pymes y de los autónomos radica en la imperiosa necesidad que tiene nuestro hipertrofiado y elefantíasico Estado de financiarse para mantener a la casta política y a su ejército de enchufados en la Administración. Las empresas mueren para que la Administración subsista, la cuestión es: ¿hasta cuándo?, puesto que, está cayendo la recaudación, ¿tendrá razón Laffer?
No olvidemos tampoco que la demanda interna ha caído considerablemente desde el comienzo de la crisis, España se ha convertido en un país de pobres sin apenas capacidad de consumo.
Para rematar la faena, el crédito bancario tampoco fluye hacia el sector privado, puesto que la banca prefiere destinarlo a financiar el Estado y, de paso, hacer negocio con ello (el famoso carry trade).
Hasta el presidente del BCE, Mario Draghi, ha recomendado al Gobierno, hace escasos días, recortar el gasto público improductivo y reducir los impuestos.
En España, el gasto público improductivo (al que se refiere Draghi) está relacionado con el gasto político y, por tanto, íntimamente ligado a las duplicidades y triplicidades derivadas del Estado de las Autonomías, a la insostenible Administración paralela, a las subvenciones a los partidos, a los sindicatos y a la patronal, etc. El gasto público y político improductivo equivale en nuestro país a varias decenas de miles de millones de euros que si se recortara, permitiría, a su vez, recortar los impuestos e impulsar el crecimiento económico.
Más de seis millones de parados, pobreza infantil, los comedores de Cáritas están a rebosar, el sector privado está en la UVI, etc., pero el despilfarro y la corrupción política siguen a diario en las portadas de los periódicos. ¿Populismo o la realidad socio económica de España?
Lucio A. Muñoz.
Socio director de Eurogroup Human Resources.
