El PSOE ha propuesto un plan de recualificación para despedidos por expediente de regulación de empleo (ERE) y un fondo de ayudas y líneas de crédito con las que beneficiar a 530 trabajadores y 330 empresas en la provincia de Ciudad Real.
Propuestas “concretas, cuantificadas y nada complicadas de llevar a cabo”, tal y como ha indicado Eduardo del Valle, integrante de la Ejecutiva Provincial del PSOE ciudadrealeño, con las que ayudaría a dinamizar el tejido empresarial.
Para el primero de los casos, los trabajadores afectados por un ERE y sobre todo en aquellas empresas de menos de 50 empleados, el dirigente socialista ha previsto una inversión de 4,4 millones de euros aportados por la Consejería de Empleo y Economía para poder recolocar a esos 530 personas antes mencionadas.
Y en lo que respecta a las empresas, Del Valle ha apuntado a la habilitación de fondos públicos y líneas de crédito y descuento por importe de 2 millones de euros para dos cuestiones básicamente: para aprovisionamiento de materiales y para inversiones, «medidas imprescindibles para solventar los problemas financieros de 330 empresas de la provincia y, por tanto, evitar su cierre o su caída en el mercado sumergido ante la imposibilidad de hacer frente al pago de sus obligaciones tributarias».
Se trata de unas medidas avanzadas ya la semana pasada por el secretario general del PSOE en la provincia de Ciudad Real, José Manuel Caballero, «como respuesta para hacer frente al drama existente en la estructura empresarial».
El responsable de la Ejecutiva provincial del PSOE de Ciudad Real ha manifestado que la Ley de Emprendedores puesta en marcha por Cospedal “es un mal camino si nos atenemos a la destrucción de empleo y empresas pese a las valoraciones tan optimistas como irresponsables que se tienen en el Gobierno regional, cuando deberían ser más profesionales y profundos en su análisis para no coger datos aislados. Sólo así podrían ver la realidad que lamentablemente nos dice que la salud de nuestra economía provincial no es nada buena”.
Un «fiasco» que, a su juicio, también se está produciendo con el ICO (Instituto de Crédito Oficial), reflejado en el descenso de ayudas en 20 millones de euros justo en el momento en el momento en el que las empresas necesitan la concesión de préstamos para que no caigan en procesos de ERE y puedan continuar su funcionamiento.
Por último, Del Valle ha reprochado la «parálisis y dejación de funciones» de la autoridad laboral tanto nacional como regional respecto a los trabajadores afectados por los EREs, cuando la normativa exige programas para su recualificación y su recolocación, “y no se está haciendo nada”.
