Daimiel Noticias.- Se insta a que, cada vez que se realice una transferencia, se informe públicamente de la misma. Durante el debate de las mociones de PSOE e IU y la enmienda del PP, se expuso la «situación limite» por la que pasan los trabajadores, con varias nóminas impagadas. El alcalde, Leopoldo Sierra, insistió en que va continuar negociando con la administración regional para que mejore la «asfixiada» liquidez de la empresa. 
El Pleno aprobó anoche instar a la Junta de Comunidades a que de prioridad el pago a la empresa que gestiona la residencia La Masiega con el objetivo de que ésta haga frente a las deudas que mantiene con sus trabajadores y proveedores. Además en ese requerimiento se pide que, una vez que se haya producido esa transferencia, el pago se haga público. Así se recogía en la enmienda que presentó el grupo municipal Popular a las dos mociones que sobre este asunto elevaron los grupos de la oposición, PSOE e Izquierda Unida, y que fue finalmente el único texto aprobado (con los votos de los nueve concejales populares y los dos de IU).
Durante el debate, que siguieron en el salón de plenos casi una treintena de trabajadores de la residencia, se expuso la «situación límite» que, en palabras de la portavoz socialista, Pilar Estudillo, está viviendo la plantilla con retrasos de varias nóminas. «De media se deben unos 5.000 euros a cada trabajador, es peor que estar en el paro porque no pueden recurrir a ayudas sociales», afirmó. «Es indignante que teniendo un trabajo tengan que mendigar un sueldo», añadía.
Para el portavoz de Izquierda Unida, Galo Sánchez-Bermejo, lo que está ocurriendo en La Masiega es consecuencia de «dejar este servicio en manos del negocio, del modelo de gestión que se inventó el PSOE y que el PP está llevando a cabo con muy buena nota».
Mientras, desde el grupo municipal Popular, su portavoz, María Dolores Martín de Almagro, reiteró que en la mano del Ayuntamiento estaba lo recogido en la enmienda y que en esa línea ha venido trabajando discretamente el equipo de Gobierno. «Si la Junta paga, queremos que lo diga y que así los trabajadores sepan que la empresa tiene dinero para pagarles a ellos», apuntó. En este punto, Martín de Almagro creía que la habilitación de la segunda línea de pago a proveedores ayudará a «desatascar» la situación.
A continuación, el alcalde, Leopoldo Sierra, insistió en que este problema «no se puede justificar» de forma alguna y apuntó que va continuar negociando con la administración regional para que mejore la «asfixiada» liquidez de la empresa ya que le debe varias mensualidades correspondientes a 2012. El primer edil agradeció la profesionalidad de todos los trabajadores y se mostró convencido de que pronto tendría palabras de más aliento para ellos.
Una vez acabada la sesión, dos de las trabajadoras tomaron la palabra para exponer que ya han dado los pasos necesarios para denunciar su situación laboral ante la Justicia, y que esperaban que el apoyo de los grupos políticos pueda ayudarles a salir de una situación que no saben cuanto tiempo aguantarán.
Las otras dos mociones del orden del día respondían también a un mismo tema: la privatización de las residencias universitarias de la región. En este punto PSOE e Izquierda Unida argumentaron que esta medida podría impedir que los jóvenes de las familias con menos recursos económicos no puedan emprender una carrera por este motivo. Ante ello, la portavoz popular recriminó «la falta de coherencia» del Partido Socialista que «abrió y entró por la puerta de la privatización» en esta materia. Asimismo, Martín de Almagro defendió que los requisitos para acceder a estas plazas se mantendrán igual que en convocatorias anteriores y que los precios subirán con arreglo al IPC.
Durante estas intervenciones, y también después en el turno de preguntas, salió a colación la situación de la Granja Escuela. Ante la petición de información, el alcalde destacó que «no ha sido fácil» conseguir la reubicación de los trabajadores en Daimiel. Así las cosas, y a expensas de que esa decisión se ratifique en Comisión Paritaria, Sierra comentó que lo que se va a hacer a partir de ahora «es buscar una nueva estructura jurídica para el centro y que con ella se recupere el carácter docente que perdió en el 2004».
Anteriormente, el Pleno aprobó que Daimiel se adhiera al convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto de promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, y que en vez de permitir la apertura comercial el domingo 1 de septiembre (festividad de La Patrona) ésta se traslade al lunes 2 de septiembre.
