Ley Electoral de Castilla-La Mancha: una reforma ineludible

Editorial de Miciudadreal.es.- Castilla-La Mancha ha estado gobernada democráticamente desde el nacimiento de la región, pero si se es riguroso y analizamos el detalle, esa cualidad democrática no gozaba, ni goza, en absoluto de una buena calidad. Las reglas del juego que son las leyes electorales, lejos de ir amoldándose a la realidad de una representatividad más proporcionada a medida que la sociedad de la flamante región maduraba, llegaron a rozar la infamia. Con la última reforma de 2007 ideada por los socialistas, se llegó hasta un punto de distorsión de la realidad democrática inconcebible en una sociedad madura: el incremento de dos diputados, uno en Toledo, y otro en Guadalajara, (se pasó de 47 a 49 dentro del total estatutario fijado en 59)-, emparejó todas las provincias, excepto la de Ciudad Real, la provincia del ex presidente, entonces candidato. La reforma socialista a la carta personal de José María Barreda, con la coartada de deshacer el desequilibrio real entre las provincias aumentadas respecto de Ciudad Real y de Cuenca, posibilitaba incluso que pudiera gobernar el partido menos votado. Un pucherazo. Democrático, pero pucherazo. O una trampa de legislador que para el caso es lo mismo.

El cambio político más importante de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha se produjo en 1998, derivada de la anterior reforma del Estatuto en 1997. Entonces se fijaba por primera vez un máximo de 59 diputados autonómicos y se asignaba a cada diputado una cantidad fija mensual, más las devengadas por asistencia, dietas y otros conceptos. El bipartidismo de hierro regional, una ley electoral ad hoc y una cultura democrática inane pusieron al PSOE las victorias en bandeja, pese a que, en el mapa global autonómico, las Cortes de Castilla-La Mancha eran una de las que menos diputados tenía. Se daba así paradójicamente una imagen de austeridad parlamentaria en medio de la fiesta, cuando el fin era bien distinto: a más diputados, más facilidad para los partidos menores de entrar en la cámara, como ha exigido reiteradamente IU. Hoy, llegar hasta los 59 parlamentarios que permite el Estatuto no parece lo más acertado en esta situación de crisis, aunque no cobren sus señorías de la Autonomía.

Cuando el PP llegó al poder merced a los abultados resultados en la provincia de Guadalajara ganando las elecciones tras superar la trampa del 2007, llegó a Fuensalida antecedido por el mensaje de una austeridad de caballo que frenase la sangría del dispendio público. Pero lo primero que hizo al respecto fue aumentar en tres el número de diputados. Cierto que hacía nones tres provincias -las más afines-, pero más diputados en una región depauperada, con un paro de dimensiones desconocidas, atrampada hasta el infarto, y con una clase política antipática a los ojos de buena parte de la población, no parecía ni lo más certero, ni lo más prudente ni lo más coherente.

El segundo envite se ha producido estos días con la propuesta popular de rebajar el número de diputados hasta un mínimo de 25 y un máximo de 35 de los 59 que están fijados actualmente. A priori puede parecer una medida de austeridad para demostrar con el ejemplo que también con menos se puede trabajar igual o más, y con menos sueldo. Aparentemente es una jugada inteligente y de imagen, pues deja a la oposición en el incómodo papel de reclamar privilegios cuando rechaza tales medidas o propone seguir cobrando.

Pero, y aquí estaría la trampa, el PP puede caer en la misma tentación de pucherazo encubierto de sus antecesores, si sólo se limita a una drástica reducción de diputados, ya de por sí un riesgo para la calidad democrática. Si la ley electoral se queda únicamente en la capa del maquillaje del ahorro en Cortes y no aborda en profundidad una reforma que acerque al ciudadano al Parlamento regional de una manera más proporcional y democrática se habrá quedado en el escaparate. Nada más.

La futura ley electoral de Castilla-La Mancha debería abordar y de una manera negociada con las principales organizaciones políticas, las que tienen representación autonómica (PSOE) como las que no (IU y UpyD), por ejemplo, la retirada o reducción del porcentaje mínimo (5%) para entrar en el Parlamento regional, mantener o no las cinco circunscripciones, fijar un número de diputados consensuado, eliminar los números pares en las circunscripciones, o si se deja un determinado número de diputados para elegir en proporcionalidad pura (circunscripción única)… entre otros aspectos.

Entre el ideal de la mencionada representatividad pura contando incluso con los votos en blanco, en una sola circunscripción y sin porcentaje mínimo… y una ley menos deficitaria y más acorde con lo que a su vez está pidiendo la ciudadanía -y esto lo sabe el PP- tiene que haber un punto de encuentro que devuelva el decoro a la norma electoral castellano-manchega. Una Ley Electoral de los ciudadanos más que de los aparatos de los partidos políticos, que refleje con mayor fidelidad las decisiones electorales de la sociedad es una de esas citas que está llamando a las puertas de la Historia.

Puede que una norma más laxa debilite las sólidas mayorías y por tanto la gobernabilidad, dando paso a cámaras atomizadas y al guirigay político más proclive a levantar la voz que al consenso, muy de nuestra cultura política, pero es la democracia. Al final, todo suele sedimentar con más facilidad de la prevista: basta con ejercer con honestidad y coherencia la responsabilidad del poder, que se palpe que lo que prima es el interés general y lo demás será…lo que los electores quieran.