Ecologistas en Acción.- A partir del próximo lunes desfilarán por la Audiencia Nacional varios de los principales responsables de grandes constructoras españolas. Han sido imputados en el marco de la querella por los “papeles de Bárcenas” presentada para esclarecer la relación entre supuestos donativos al Partido Popular y la concesión de grandes proyectos de obras públicas. Ecologistas en Acción alertó durante años sobre una política de infraestructuras despilfarradora e insostenible, tal y como demuestra con datos contrastados.
La mayor parte de los ingresos registrados en la presunta contabilidad paralela del PP procedían de unas pocas fuentes: los presidentes de grandes compañías constructoras. Son supuestos donativos con importantes cuantías efectuados por Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (Sacyr), José Mayor Oreja (FCC) o Alfonso García Pozuelo-Asins (Constructura Hispánica), entre otros. Desde el lunes a las 4 d ela tarde hasta el miércoles a las 7 pasarán responderán ante el juez Ruz, como también lo harán directivos de Sando, AZVI o Aldesa.
Autopistas de peaje el borde del rescate millonario, aeropuertos vacíos, estaciones fantasma. La realidad de un país con superávit de infraestructuras (con el récord europeo de kilómetros de autovías y de alta velocidad ferroviaria) y déficit de todo lo demás demuestra que la política desarrollada durante años estaba muy alejada de las necesidades sociales.
Por eso, para Ecologistas en Acción resultaba fundamental esclarecer los motivos y se involucró en la investigación. La organización presentó junto a Izquierda Unida, La Asociación Libre de Abogados, la Asociación Justicia y Sociedad y la Federación de Los Verdes una querella el pasado mes de febrero. Y lo hizo después de comprobar que los donativos de directivos de grandes constructoras coincidían en el tiempo con la concesión de grandes obras públicas.
Ecologistas en Acción se felicita de esta situación, novedosa en nuestro país, porque considera que la ruinosa política de infraestructuras de transporte que se ha seguido en el Estado español es la muy probable consecuencia de dar prioridad a intereses ilícitos, como los que se dirimen ahora, frente al interés común de la ciudadanía.
Sólo en esta clave es posible entender las aberrantes cifras de nuestra política de infraestructuras de transporte:
– Que haya planes actuales para cerrar 48 líneas de tren para ahorrar 86,5 millones de euros y que simultáneamente se vaya a rescatar a las concesionarias de las autopistas privadas de peaje en quiebra con 3.500 millones de euros.
– Que seamos el país europeo con más aeropuertos vacíos y en el que el gestor aeroportuario, Aena, tiene mayores pérdidas. Su deuda supera los 14.000 millones de euros.
– Que mientras se recorta en servicios sociales se sigan pidiendo créditos al BEI (Banco Europeo de Inversiones) para financiar obras como el AVE a Galicia: 3.000 millones de euros se obtuvieron el año pasado, a pesar de que se sabe que este tren solo tiene demanda para justificar 3 trenes diarios por sentido. Toda la línea costará 8.517 millones de euros.
– Que se invierta 4.500 veces más por cada usuario del AVE que de cercanías (en 2012 se invirtieron 4.188 millones de euros para el AVE frente a 28 millones en Cercanías, a pesar de que en este último viajan 30 veces más pasajeros).
En definitiva, para Ecologistas en Acción la estructura hipertrófica de nuestra red de infraestructuras de transporte y el lastre económico que supone solo se explica si hay alguien que ha obtenido grandes beneficios de su construcción. Si además esos contratos de grandes obras se han conseguido de forma ilícita es una de las cuestiones que se dirimen en el proceso de la querella Bárcenas.
