La Liga Anticorrupción quiere acabar con la distribución a dedo de la publicidad institucional en todos los organismos del Estado, y la corrupción que esto genera en el sector de medios de comunicación y que en muchos casos corta de raíz la independencia en los medios de comunicación.
Para ello presentará el lunes un proyecto al Gobierno para que instaure por ley que la publicidad institucional que se paga con dinero público sólo pueda ser concedida y valorada económicamente sobre la base de la distribución contrastada de cada medio de comunicación y con bases públicas, “y no como se está haciendo actualmente y que se concede en base al libre albedrío del político de turno”.
«Una medida por la independencia de los medios de comunicación y el fin de las subvenciones políticas»
La Liga Anticorrupción ha señalado que con esta propuesta se busca afianzar la independencia de los medios de comunicación, el acceso de todos los medios existentes en condiciones de igualdad al dinero público destinado para publicidad institucional y el fin de las subvenciones políticas a medios de comunicación afines o dóciles con el partido o el político que reparte la tarta de la publicidad institucional. Desde la Liga consideran que actualmente la independencia de los medios de comunicación está en entredicho debido a que existe una dependencia económica de esa publicidad institucional, que es utilizada por los políticos para obligar a medios de comunicación a plegarse a las directrices políticas de quien la concede.
La Liga Anticorrupción iniciará la próxima semana una ronda de reuniones con asociaciones de periodistas y medios de comunicación en busca de su apoyo a esta iniciativa con la que se pretende acabar con el uso partidista de dinero público destinado a medios de comunicación. Desde la Liga señalan que varias entidades representativas de medios de comunicación han sido ya consultadas y que la iniciativa planteada ha sido muy bien acogida. También se ha planteado la redacción de un manifiesto para que este sea suscrito por profesionales de medios de comunicación y que esos apoyos sean trasladados tanto al Gobierno como a las administraciones europeas para que estas tomen cartas en el asunto y se acabe con la corrupción que supone la distribución de publicidad institucional y subvenciones a medios de comunicación en base a afinidades políticas y criterios subjetivos.
