España tiene un Gobierno que miente.
La gestión del Gobierno, hasta la fecha, tiene un perfil que roza el comunismo, al subir los impuestos hasta un nivel confiscatorio. Los españoles son los europeos que más impuestos pagan en relación a la renta disponible.
El Gobierno no aprovechará la prórroga del déficit, que Bruselas ha concedido a España, para bajar los impuestos sino para diseñar un déficit particularizado y adaptado a cada autonomía. Con ello, continuará engordando la insostenible deuda del Estado (el gasto público se encuentra en máximos: recordemos que las autonomías gastan 28.000 millones de euros más que en la época de la burbuja). ¿Se beneficiará a las comunidades autónomas que no han cumplido (Cataluña) con el objetivo de déficit en detrimento de aquellas más cumplidoras? ¿Financiarán el resto de autonomías la “probable” independencia de Cataluña? ¿Déficit a la carta para mantener, por ejemplo, embajadas, empresas públicas deficitarias, etc., y seguir recortando en gasto social (educación y sanidad)? Rajoy está a las órdenes de Arturo Más, ¿por qué?
Desde el Gobierno, se ha lanzado el mensaje relativo a que las subidas de impuestos han evitado el rescate del Reino de España (no confundir con el último rescate financiero que provocó la intervención de la economía española, más aún de lo que estaba) y, por tanto, se ha salvado al país.
Hay que señalar al respecto que no ha sido la política económica del Gobierno la que ha provocado la bajada de la prima de riesgo española sino la intervención del BCE.
Es posible que uno de los principales objetivos del Gobierno estuviera encaminado a evitar el rescate de España para poder seguir gobernando e impedir que la troika sustituyera a Rajoy por un gobernante tecnócrata.
La realidad es bien distinta porque no se ha salvado a España ni tampoco a los españoles sino que se ha conseguido mantener la estructura político-territorial del Estado, que da cobijo a la numerosísima casta política y su legión de enchufados en la Administración. De todas formas, todo apunta a que España era económicamente irrescatable. No obstante: ¿hubiera sido más conveniente para las familias, las pymes y los autónomos españoles un “hipotético e improbable” rescate que soportar la confiscatoria presión fiscal impulsada por Montoro?
Del mismo modo, el Gobierno ha vendido la reciente bajada de tipos del BCE como un incentivo económico, aunque unos tipos más bajos provocarán que se mantenga, con mayor facilidad, el insostenible nivel de endeudamiento del Estado (nuestra deuda camina hacia el 100% del PIB). ¿A quiénes les conviene, realmente, la bajada de tipos? Al Estado y a los bancos.
España tiene un Gobierno cobarde.
En relación a la aprobación de la LOMCE (la nueva ley de educación), ¿pagarán también el resto de las autonomías el sobre coste que supondrá la educación en castellano en Cataluña debido a la cobardía del Gobierno al no enfrentarse a la política lingüística catalana? Los nacionalistas catalanes tienen al Gobierno español a sus pies.
El sistema educativo representa la base desde la que se construye un país. En España, las diferenciadas y politizadas inversiones en educación que han realizado los gobiernos autonómicos han sido absorbidas por la burocracia y los intereses políticos regionales y, en consecuencia, la gestión educativa se ha dejado a un lado. Por tanto, sería más conveniente enfocarse en dotar de eficiencia a la gestión del sistema educativo (en torno a un modelo) que concentrarse en 17 políticas educativas diferentes que multiplican la inversión (o el despilfarro). ¿El problema de fondo radica en la cesión de la competencia de educación a las comunidades autónomas?
En relación al contrato único que recomienda Bruselas, Rajoy comenta que es mejor no retocar su reforma laboral, puesto que está muy contento con ella (desde que comenzó a gobernar el PP hay 1.200.000 parados más) y, además, añade que este tipo de contrato es inconstitucional (los juristas españoles más reconocidos en la materia opinan todo lo contrario). El inmovilismo está en el ADN de Rajoy, algo que costará muy caro a España.
¿Qué decir ante la pusilánime política “antiterrorista” (una continuación de la gestión de Zapatero) que está siguiendo el Gobierno? ¿Qué pensarán las víctimas respecto a la libertad de Bolinaga o el permiso de Lasarte?
Respecto a la Ley del Aborto: ¿apostará el Gobierno por la vida o se rendirá ante el lobby abortista?
Crisis de régimen. El problema no es la política sino tener un Estado corrupto que envilece la política. ¿Se gobierna para los españoles o en función de los intereses de la casta?
La relación entre política y economía cobra especial relevancia en el caso de España, puesto que nuestro país no podrá salir de la crisis económico financiera sin realizar una profunda reforma constitucional que implique, igualmente, un radical cambio del sistema político-administrativo-territorial actual. Muchísimos españoles se están dando cuenta que España tiene un problema político del que se deriva otro de índole económica.
Los españoles necesitamos un Gobierno que recomponga el país de arriba abajo, puesto que las dos legislaturas de Zapatero dejaron a España en bancarrota, no sólo en clave económica sino también en el ámbito de la ética, los valores, la Justicia, la educación, etc.
No obstante, la mayoría absoluta del Gobierno del PP no está sirviendo para reconstruir (ni social ni económicamente) a España sino para certificar su estado de defunción.
El Gobierno actual (en su mayoría, formado por profesionales de la política y súbditos del máximo dirigente del partido, que ejerce el liderazgo únicamente en base a su poder) que debería llevar a cabo la imprescindible regeneración democrática que necesita nuestro país es parte del sistema y, además de no tener liderazgo ni valentía para llevar a cabo los cambios necesarios, tampoco le conviene hacerlo.
La casta política tiene mucho que perder si se retoca el sistema actual (y los españoles mucho que ganar).
¿Servirá de algo un consenso entre los dos principales partidos para abordar la reforma del sistema autonómico (el cáncer de la economía de España)? Reducir (o eliminar) la estructura autonómica es igual a mermar el poder y los privilegios de la casta política, este es el motivo por el que todavía no se procedido a reestructurar nuestro ruinoso entramado político-autonómico-institucional.
El sistema bipartidista o partitotocrático, tal como está configurado actualmente, es decir, sostenido por una estructura político-administrativa-territorial insostenible económicamente, es altamente beneficioso para la casta política y sus acólitos. Prueba de ello son unas declaraciones realizadas por el ministro de Justicia: Gallardón comentó hace escasos días que el referido sistema ha aportado estabilidad a España y, por tanto, el mismo todavía goza del crédito suficiente como para no retocarlo.
Por el contrario, la mayoría de los ciudadanos españoles no piensan igual que Gallardón, puesto que el sistema se sostiene a costa de expoliar fiscalmente a las familias de clase media, a las pymes y a los autónomos. En otras palabras, el actual sistema muestra en la actualidad dos caras diferenciadas y antagónicas: los privilegios de la numerosísima casta política extractiva se sitúan en el extremo opuesto al desempleo de millones de españoles y a la quiebra de cientos de miles de pymes y de autónomos.
Ningún país puede crecer en estas condiciones, la economía productiva penalizada al objeto de mantener a una casta política parasitaria e improductiva cuyas redes clientelares arrastran a millones de privilegiados (ajenos a la meritocracia) en España que quieren que todo se quede tal como está.
España se va pareciendo cada vez más a un país comunista, en el que al amparo institucional de un partido político (dos partidos en el caso de nuestro país) se vive muy bien pero fuera hace muchísimo frío.
Lucio A. Muñoz.
Socio director de Eurogroup Human Resources.
