La secretaria de Organización del PSOE en la provincia de Ciudad Real y portavoz de Agricultura en las Cortes, Blanca Fernández, ha ofrecido «colaboración leal y total» al Gobierno de Castilla-La Mancha para evitar el cierre de la Empresa Pública de Gestión Ambiental (Geacam) así como los más de 2.200 puestos de trabajo.
Ese es el único objetivo y a la vez la condición que han puesto los socialistas al Ejecutivo que preside Dolores de Cospedal en el conflicto abierto con los trabajadores y sindicatos representantes de Geacam y que plasmarán en forma de moción a presentar en todos los municipios en los que existen profesionales de la empresa pública encargada de la conservación medioambiental y de la extinción de incendios.
En el caso de la provincia de Ciudad Real, Fernández ha cifrado en aproximadamente 500 las familias que viven directamente de la actividad que genera Geacam, pequeños municipios en su inmensa mayoría que recibirían un «mazazo» en el supuesto de que finalmente Cospedal decidiera cerrar esta empresa pública. Por ello, y apelando a la “sensibilidad” hacia los trabajadores del Geacam, desde el PSOE esperan contar con el apoyo de los alcaldes y concejales del Partido Popular en todos y cada uno de los pueblos afectados.
Fernández ha asegurado que “si la intención de la señora Cospedal es salvar Geacam, nosotros le tendemos la mano para buscar soluciones conjuntas”, pues considera la responsable socialista que la Junta de Comunidades “aún está a tiempo de reaccionar, pero tiene que demostrar que en su intención está salvar la empresa”.
El PSOE teme que «lo que quiere el Gobierno regional es cerrar Geacam». Una preocupación justificada en «los movimientos mostrados tanto por la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, como por la propia presidenta Cospedal, en su estrategia perfecta de realizar un ERE ilegal, que se declare fraude de ley y nulo y partir de aquí tener todas las justificaciones”, ha dicho la portavoz de Agricultura del PSOE en las Cortes.
Pero es que, además, Fernández ha recordado la «campaña mediática de fuerte presión tanto del Partido Popular como del Gobierno de Castilla-La Mancha hacia los sindicatos con representación en Geacam, hasta el punto de llegar a amenazar con decirles o firmas o cierra la empresa”.
«Posteriormente vendría el varapalo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), que declaró nulo y fraude de ley el ERE aplicado por la Junta en Geacam, e incluso advirtió que la escasa cuantía del déficit de la empresa pública no justificaba una extinción de la envergadura que planteó el Gobierno de Cospedal», recuerda la socialista.
