La consejera de Fomento del Gobierno regional, Marta García de la Calzada, ha anunciado hoy la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de una serie de medidas para movilizar el parque de viviendas vacías que tiene la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN), con el objetivo de dar salida al stock de vivienda vacía en venta que esta sociedad pública tiene actualmente, que asciende a unas 800 viviendas.
Estas medidas se contemplan en un Plan Estratégico de Viviendas, diseñado para deshacer el stock de viviendas vacías de la Junta de Comunidades, poner en valor este patrimonio público y movilizarlas de tal modo que cumplan con su verdadera función social, “estar a disposición de los ciudadanos de un modo accesible, bien en opción de alquiler o compra”.
Marta García ha recordado que estas viviendas de protección oficial han sido construidas con el dinero de los contribuyentes y, contrariamente a su objetivo originario, han dejado de ser atractivas en el mercado, porque su precio es superior -en gran parte de los casos- al precio de mercado de la vivienda libre.
Tal y como ha explicado la titular de Fomento, una de las medidas de mayor importancia que contempla el plan es permitir la utilización de la mitad de estas viviendas en régimen de alquiler con opción a compra. Así, un total de 330 viviendas estarán a disposición de ciudadanos que, en el 70 por ciento de los casos, tienen rentas inferiores a los 200 euros.
Rebaja de un 27 % el precio de venta
Además, la estrategia contempla entre sus líneas maestras una rebaja del precio de venta de las viviendas, que oscilaría en una media del 27 por ciento, de cara a potenciar sus ventas. No obstante, Marta García ha precisado que esta rebaja de los precios será distinta en cada una de las promociones, “atendiendo a criterios objetivos”, basados en diferentes parámetros.
Aplazamiento y la suspensión temporal del pago del alquiler a personas con dificultades de pago
Además, la consejera ha presentado hoy al Consejo de Gobierno el proyecto de decreto que establece de manera temporal -dos años- unas medidas excepcionales para arrendatarios de promoción directa de las viviendas de la Junta de Comunidades que atraviesen dificultades de pago para afrontar la renta, cualquiera que sea la modalidad de alquiler.
La esencia de esta medida, según ha indicado la consejera, es que el Gobierno regional “brinda a estas familias la posibilidad de poder pagar de forma aplazada, o incluso suspender temporalmente el pago de los alquileres”.
Esta es una importante medida que el Ejecutivo regional ha tomado con una “clara vocación social” y que tiene por objeto “proteger a aquellos inquilinos de nuestro parque de vivienda que, por circunstancias económicas justificadas, se encuentran en una situación de dificultad económica que les impide atender los alquileres”, ha enfatizado Marta García, que ha calculado que unas “1.500 familias” podrían beneficiarse de esta decisión del Gobierno.
Objetivo de la norma
La consejera ha subrayado que el objetivo de la norma es brindar a losciudadanos la posibilidad de aplazar las rentas correspondientes a los doce meses siguientes a solicitud de los interesados y, en el caso del fraccionamiento de tales cantidades, durante un plazo máximo de cinco años, a contar desde el transcurso del citado periodo de doce meses.
Para acogerse a estas facilidades de pago de rentas, los arrendatarios deben cumplir determinados requisitos, entre los que Marta García ha destacado la residencia habitual y permanente al menos 12 meses -antes de presentar la solicitud-, acreditada por empadronamiento y consumo compatible de energía eléctrica; no ser titulares de bienes inmuebles o derechos reales por valor superior a 20.000 euros; que uno de los empadronados en la vivienda se encuentre entre colectivos de atención preferente o colectivos vulnerables, y que la suma de las rentas en cómputo mensual no exceda de 10 veces el importe de una mensualidad.
La titular de Fomento ha aclarado que “mientras los arrendatarios golpeados por la crisis económica merecen que la Administración arrendadora les conceda facilidades para superar las dificultades, aquellos en los que no concurre esta circunstancia, deben ponerse al corriente de las deudas o abandonar las viviendas para que otras familias puedan disfrutarlas”.
A disposición de las ONGs viviendas para situaciones especiales
Otro de los puntos que recoge el decreto y reseñados por Marta García, ha sido la modificación normativa que acompaña a la norma, “a fin de hacer posible que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pueda ceder parte de estas viviendas de protección pública a entidades sin ánimo de lucro”.
“Con ello, ha especificado, queremos iniciar un camino a fin de poder poner a disposición de las ONGs viviendas que puedan ser destinadas a los ciudadanos que viven situaciones de especial marginación o exclusión social”, algo, que según ha indicado la consejera, “hasta ahora, no se permitía en la legislación de la vivienda de Castilla-La Mancha y que este proyecto de decreto incluye y hará factible”.
