El Plan de Inversión y Creación de Empleo (PICE) desarrollado por el Gobierno de Castilla-la Mancha pretende erigirse en una brújula para el laberinto de la crisis. Además del comercio y el turismo, analizados en anteriores artículos, el Ejecutivo pretende explotar la creación de infraestructuras y el impulso sector agropecuario como motores de progreso y empleo.
Fomento
La optimización de las infraestructuras existentes en la región y la creación de nuevos proyectos que tengan como objetivo el progreso y desarrollo de la región son la base de este eje del Plan PiCE. Con una inversión de más de 65.000.000€ y a través de cinco líneas de acción, se prestará especial atención al equipamiento viario e hidráulico, con medidas de aplicación en las cinco provincias.
A través de la línea de actuación que busca impulsar las infraestructuras viarias sostenibles, se planean varias actuaciones para dotar a la región de una adecuada red de carreteras que garantice unas comunicaciones ágiles, cómodas y seguras. Por lo tanto, el Programa de Gestión de la Conservación y Mantenimiento de Carreteras y de Gestión de la Mejora de la Seguridad Vial será la línea clave para el eje de fomento del Plan PiCE, alineando sus acciones con las líneas de actuación enmarcadas en la Estrategia Europa Horizonte 2020.
Con la ejecución del III Plan General de Carreteras se mejorará la accesibilidad al territorio y la seguridad vial, garantizando la máxima rentabilidad con el mínimo coste para el contribuyente. Entre estas actuaciones destacan la futura autovía entre Albacete y Cuenca o la ampliación de la autovía del IV Centenario. Además, el Plan de Obras 2013 cuenta con una inversión de 86 millones de euros, repartidos equitativamente entre las cinco provincias, para atender las necesidades más urgentes de la red viaria castellanomanchega.
La inversión en infraestructuras viarias supone un alto beneficio económico para la región, según el Ejecutivo, ya que, además de la creación de empleo durante su ejecución y la reactivación de la economía con la adquisición de materiales o la utilización de maquinaria, se favorecen otros sectores económicos como el de turismo o el de comercio.
Se realizará un esfuerzo inversor, incrementándose en 2013 un 28% respecto al año anterior, para acciones de eficiencia de los recursos hídricos e impulso de nuevas infraestructuras hidráulicas. De esta manera el Gobierno regional quiere asegurar el abastecimiento de aguas y la calidad en la depuración de aguas residuales a través de 56 actuaciones presididas por los principios de racionalidad económica y sostenibilidad ambiental, entre las que incluyen sondeos, creación y sustitución de tuberías y actuación en manantiales.
Con el futuro Programa de Gestión de Infraestructuras Hidráulicas se incorporarán nuevas fórmulas de financiación, ejecución y explotación de estas infraestructuras que, contrariamente a lo que venía sucediendo hasta el momento, aseguren no sólo su terminación sino también su viabilidad económica presente y futura.
También se trabajará en implantar una nueva política de vivienda, basada en el alquiler y la rehabilitación, que se presenta como una solución viable para reconducir la evolución del mercado inmobiliario hacia un equilibrio económico que favorezca su desarrollo en la región.
El nuevo Mapa de Suelo Industrial en el que ya se está trabajando, conjugado con una oferta de suelo industrial a precios competitivos, permitirá aprovechar la ventaja geoestratégica de Castilla-La Mancha para atraer el desarrollo de actividades industriales, impulsando así el desarrollo económico y la creación de empleo en la comunidad.
Con el objetivo de fomentar la eficiencia energética, se pondrán en marcha diversas iniciativas basadas en la eficiencia y el ahorro para promocionar el uso de las energías limpias en el uso doméstico, la reducción de la factura energética y la mejora de la competitividad y reactivación económica del tejido empresarial.
Algunas de estas medidas estarán basadas en el impulso de la eficiencia energética en el sector público, industrial, de la edificación o en el ámbito del transporte. Esto se verá complementado con el fomento de las empresas de servicios energéticas y la elaboración de programas para incentivar la realización de auditorías energéticas en las pymes.
Por último, las características geográficas y demográficas de Castilla-La Mancha hacen necesarias las acciones que tengan como objetivo generalizar el uso y mejorar la calidad y el acceso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) entre las familias castellano-manchegas y la administración. Para ello, el Gobierno regional tiene en marcha tres acciones fundamentales como son el impulso de infraestructuras que permitan la banda ancha, el apoyo a la penetración del mundo digital y el desarrollo de las infraestructuras de administración electrónica.
Agricultura
Los sectores agrario y ganadero, junto a la industria agroalimentaria de la región, son áreas que ofrecen un enorme potencial de desarrollo, constituyendo una parte importante del PIB regional y de sus exportaciones. Por ello, la inversión para este eje estratégico es de 1.713 millones de euros durante el periodo 2013-2020, que se desglosa en seis líneas de actuación que contienen más de treinta medidas concretas orientadas a dinamizar la economía del medio agrario y rural.
Se trabajará para conseguir un crecimiento sostenible a través de un uso eficiente de los recursos naturales, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el control de residuos derivados del ejercicio de la actividad económica en el sector agrario, impulsando así la búsqueda de la intersección entre competitividad, innovación y sostenibilidad de las empresas.
También se pretende rentabilizar la utilización del recurso biomasa, ya sea procedente de productos destinados específicamente para ello o mediante la puesta en valor de subproductos o residuos generados por la actividad agraria y forestal.
Además se pondrán en marcha varias medidas orientadas a la promoción económica en espacios naturales que persiguen la conservación, mejora, valorización y aprovechamiento de los recursos naturales de la región.
Se trabajará para conseguir fomentar el empleo en el medio rural potenciando la actividad cinegética regional, una actividad con una gran repercusión social y económica, especialmente para las zonas rurales. Con la adopción de las medidas de este plan se espera obtener generación de empleo estable en el medio rural, así como posibilitar la inserción de trabajadores desempleados en el mundo laboral.
De esta forma la caza actúa como un factor de fijación de las rentas locales y de mejora de la economía local, provincial y regional. Además, es una actividad tradicional, perfectamente enlazada con el modelo agrario local, contribuyendo también a reforzar la red de alojamientos, gastronomía de la zona, venta de productos típicos de nuestros municipios… Y todo esto, sin olvidar su contribución a la conservación y preservación del patrimonio natural y ambiental.
Se intentará mejorar la competitividad agroalimentaria con medidas especialmente dirigidas a fomentar la integración cooperativa o a mejorar la capacidad de generar valor añadido a la industria agroalimentaria mediante incentivos a la inversión en perfeccionamientos de los procesos productivos y en innovación. Además de apostar por el reconocimiento y la puesta en el mercado de una identidad regional de productos de calidad diferenciada.
Dentro de esta línea también se trabajará para que la inversión en sectores como el agroalimentario y el forestal se materialice en proyectos empresariales viables y capaces de sostener un empleo estable y de calidad.
Se trabajará para dinamizar económicamente el sector agrario y el medio rural. En el sector agrario se implantarán medidas necesarias para corregir deficiencias estructurales e infraestructuras que limitan la competitividad de las explotaciones agrarias, que son el germen de generación de empleo en el sector. Además, se potenciará la economía local diversificando las actividades, el afloramiento de empresas y apoyos frente a los procesos de despoblamiento y declive económico de las zonas rurales.
Asimismo, se propone la racionalización de la acción normativa y administrativa para evitar aquellos procedimientos que puedan constituir barreras para los objetivos de aceleración económica y de recuperación del mercado laboral.
