Es tal la tendencia tan descomunal del Derecho español, a producir normas sin ton ni son, que ya ha producido repetidas críticas que han llevado a señalar la hipernormación y la hipertrofia como una rara metáfora o metástasis, de dudosos efectos. Más aún, a considerarla como un caso de patología jurídica, que tiene sus propias secuelas sociales.
Es tal la barahúnda del cuerpo legal, reglamentario y ordenancista de cualquier procedencia y sede que gozamos en España, que esa hipernormación refleja la tendencia de todo gobernante, del color que fuera, a dejar la huella de su paso por el poder, en forma de Ley Corcuera, o Ley Sinde; Reglamento Rosón, o Decreto Chacón; Plan de apoyo al cine Wert, o Plan E de inversiones de Rodríguez Zapatero; Ley Aznar, Decreto Más o Directiva Almunia. Tendencia pues de todo gobernante, del color que fuera, a convertirse en legislador perenne, cual emperador romano de larga memoria de piedra. Aunque aquí y ahora se cambie la piedra por la norma.
La otra consecuencia, igualmente llamativa, que deriva de esa insoportable pesadez de lo normativo y de su enfático crecimiento y extensión, tiene que ver con la tendencia creciente de considerar legisladores a cualquier miembro de un colectivo arracimado y plural, alrededor de insignias, instituciones, organismos y advocaciones diversas.
Y por ello, al mandato de Concejales municipales, Diputados miembros de Diputaciones y Cabildos Insulares, Federaciones de Asociaciones de Vecinos, Colegios Profesionales, Corporaciones Empresariales y Gremiales, y hasta Asociaciones Recreativas y Deportivas, le llaman con énfasis impropio ‘Legislatura’. Confundiendo el plazo de tiempo que dura su elección y mandato en esos colectivos, con una peculiares tareas reservadas al llamado Poder Legislativo. Asentado, exclusivamente en el Parlamento español y en las Asambleas Autonómicas. Confusión que viene, en parte, dictada por esa hipernormación concluyente. Es tal la densidad de piezas legales, reglamentarias, disposiciones de cuño diverso, ordenanzas municipales y decreto complejos, que pueblan los Boletines y Gacetas Oficiales, que la creencia común y creciente, es la de pensar y creer que de todo órgano colectivo emana un poder legislador. Y por ende, su mandato, cómputo o duración es pura ‘Legislatura’.
Y, encima, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. País…
Que se lo digan a los estudiantes de Derecho y a los opositores… esos sí que saben , porque lo sufren , las consecuencias para su trabajo de la reglamentación ¨motorizada¨, donde es imposible saber qué se halla vigente y qué no en cuestión de una semana.