La Ejecutiva Provincial del PSOE de Ciudad Real ha denunciado públicamente varias «irregularidades e ilegalidades» cometidas por el Gobierno de Castilla-La Mancha a la hora de adjudicar los talleres de empleo a los ayuntamientos.
En concreto, la portavoz del PSOE ciudadrealeño, Esmeralda Muñoz, ha revelado que en la asignación de talleres de empleo se ha llevado a cabo «sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, y lo que es igual de grave, sin tener en cuenta la prioridad que existe para colectivos concretos como son parados de larga duración, víctimas de violencia de género y personas con discapacidad».
«Una discriminación – añadía- que el Ejecutivo regional que preside Dolores de Cospedal también ha llevado a cabo discriminando a los ayuntamientos en la concesión de esos talleres de empleo en función de su signo político, una desproporción más que evidente cuando se constata que mientras 22 talleres de empleo (244 alumnos) han ido a parar a consistorios gobernados por el Partido Popular, tan solo 3 (con 26 alumnos) han recaído en ayuntamientos de signo socialista».
Junto a este “cúmulo de adjudicaciones amañadas”, la también secretaria de Comunicación de los socialistas ciudadrealeños ha alertado sobre otra «irregularidad grave», al desvelar «la participación de dirigentes políticos del Partido Popular en las comisiones mixtas encargadas de la selección del personal formativo y de los alumnos que deberían beneficiarse de los talleres de empleo, algo totalmente prohibido por ley, que deja bien claro que dichas comisiones deberán estar integradas por técnicos».
Muñoz ha hablado directamente de “sectarismo” y de adjudicaciones “torticeras” en las que a su juicio ha predominado el amiguismo y el enchufismo por parte de los dirigentes del PP, en lugar de ceñirse a los criterios legales y transparentes como hasta ahora siempre se habían realizado.
A ese respecto, el secretario de Acción Electoral de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Ciudad Real, David Triguero, ha apostado por el modelo que aplica la Diputación de Ciudad Real en sus planes de empleo, «que se asignan a los municipios en base a unos criterios justos y equitativos de acuerdo al número de población y parados de cada municipio».
El integrante de la Ejecutiva, Eduardo del Valle, ha manifestado que “o la consejería de Empleo toma medidas, que pasan por revocar todos los procesos ilegales y volverlos a convocar, o tendremos que denunciar ante la Unión Europea”, al entender «no solamente que se pueden estar violando los derechos de los colectivos que tienen prioridad para acceder a los talleres de empleo –parados de larga duración, discapacitados y víctimas de violencia de género-, sino que las comisiones de selección no pueden estar formadas por políticos, y no se pueden hacer enchufismos».
Por último, Del Valle ha dado la voz de alerta ante «una gravedad mayor», al indicar que “nos estamos jugando los fondos de la Unión Europea, que si entiende que hemos incumplido nada más y nada menos que la Estrategia Europea por el Empleo puede retirar los fondos a Castilla-La Mancha”.
