Los grupos municipales de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Ciudad Real han formado una singular alianza para proponer la moción conjunta que llevarán al Pleno que se celebra este viernes. En ella, ambos grupos proponen que se trasponga a Castilla-La Mancha el decreto ley andaluz que incluye, entre otras medidas, expropiaciones de viviendas a los bancos y alquileres sociales para luchar contra los desahucios.
Las portavoces de los dos grupos, Fátima Serrano por el PSOE y Carmen Soánez por IU, explicaron el contenido de la propuesta en favor de que se reconozca la vivienda como un derecho social, que apoya y secunda el Decreto Ley 6/2013 que la Junta de Andalucía ha aprobado este mes de abril.
La portavoz socialista manifestó que la pérdida de vivienda por desahucios y estos a su vez por el desplome total del mercado laboral, obligan a las administraciones a plantearse medidas extraordinarias e inmediatas.
Serrano recordó que los juzgados españoles instaron en el año 2012 un total de 101.034 desahucios, “récord anual absoluto desde que se inició la crisis, según los datos publicados días pasados por el Consejo General del Poder Judicial, lo que arroja una media diaria de 276 desahucios”, y que de ellos, al menos 46.408 fueron realizados de forma efectiva.
«Los datos son lo suficientemente evidentes como para entender por qué ha legislado así la Junta de Andalucía -continuaba la portavoz socialista-, que con este decreto avanza en su defensa de la igualdad de oportunidades, de una sociedad más justa y en su lucha contra la exclusión social».
Apoyó su defensa además en el artículo 47 de la Constitución Española establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.
«A pesar de la importancia que la Constitución otorga al derecho a la vivienda», dijo, «lo cierto es que en la práctica es considerada un simple bien de consumo sujeto a las leyes del mercado. En este contexto, es urgente y necesario que desde los poderes públicos se adopten las medidas necesarias para asegurar la función social de la vivienda».
«En el caso que nos ocupa», puntualizó, «sin vulnerar el derecho a la propiedad privada, la administración hace uso de las competencias de que dispone para asegurar un techo a familias en riesgo de exclusión en los actuales momentos que pueden ser calificados como de emergencia social y económica».
Por su parte, la portavoz municipal de IU, Carmen Soánez, detalló el contenido del Decreto que promovido por la Consejera de Fomento y Vivienda del gobierno andaluz, Elena Cortés, «persigue el objetivo de hacer de la vivienda realmente un derecho social y no un objeto especulativo, para lo que establece la realización de un parque de vivienda deshabitada propiedad de entidades jurídicas (bancos e inmobiliarias principalmente), para ponerlas a disposición del alquiler social. También recoge la adaptación del precio de los alquileres a la situación económica actual».
Así mismo, continuaba Soánez, «a la hora de un desahucio, se contempla hacer declaración de interés general de la vivienda cuando se halle en proceso previo al lanzamiento y se procederá expropiar su uso durante tres años, pagándose el 2% del justiprecio a la entidad jurídica propietaria de la vivienda».
También recoge la paralización de los desahucios, especialmente en los casos de familias que estén en riesgo de exclusión social; la elaboración de un registro de vivienda vacía; la sanción a los propietarios jurídicos de viviendas vacías que no se pongan a disposición del parque que podrían ir desde los 1.000 a los 9.000€ y se proporcionará un seguro tanto a propietarios como a inquilinos que hagan uso de este parque de vivienda para alquiler.
La portavoz de IU consideraba las medidas «un ejercicio de defensa del interés general y no del interés particular de bancos y de las grandes empresas, y apunta directamente a la defensa de las víctimas y a responsabilizar a los verdaderos culpables de estas situaciones. No puede haber viviendas vacías mientras haya familias sin viviendas”.
Ciñéndose a Castilla-La Mancha, Carmen Soánez revela que existen unas 200.000 viviendas. Dado el dato y la situación de determinadas familias, ambas formaciones políticas consideran el Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda del Gobierno de Andalucía, «una prueba de buen gobierno». Entienden, por tanto, que esta norma se puede trasponer al ámbito regional de Castilla la Mancha, «para dar respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social y a una insistente demanda ciudadana, suponiendo un ejercicio de defensa del interés general, frente a los intereses particulares, contrastando así con la sumisión del Gobierno central a los dictados de la banca».
Lo de Andalucía es una maniobra para desviar la atención del nivel de podedumbre institucional y social que hay en esa conunidad después de 30 años de partido único.
La original y la fotocopia. Unidos en los EREs de Andalucía. Dos formas nefastas de gobernar. Viva la tercera República y la España federal, esquizofrenia roja. La ruina de España.
Cómo está el fascio.
Los ERES: Los que han vetado comparecencias han sido PSOE y….. tachán!! PP!!!!
Decreto andaluz. Muy necesario. Sobre todo por las multas a las viviendas vacías de bancos y entidades financieras. No afecta a constructoras como decía el portavoz del PP Pedro Martín en anuncio de su ignorancia al respecto. Más o menos lo que ya se hace en Europa, lo que lleva haciéndose en Francia quince años, que que CIU de derechas también ve interesante, o CC en las islas canarias……