¿Cuál ha sido la respuesta de la jerarquía del clero español frente a los casos de pederastia? Si dejamos a un lado la decidida acción del obispo de Mallorca, que ha seguido de forma pionera y sin dilación las indicaciones dictadas desde el Vaticano, encontramos que lejos de la defensa de las víctimas y la denuncia judicial, la mayoría de los comentarios son a título individual, 
como los de Antonio Cañizares, cardenal en 2007 -actual prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos-, que achacó la “polémica” sobre la pederastia al “intento por parte de algunos de silenciar a Dios en la sociedad”, o las declaraciones del obispo de Tenerife en 2008, Bernardo Álvarez, quien afirmó que “hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo (con los abusos) y además, deseándolo, incluso si te descuidas te provocan”. Semejante defensa y justificación de la pederastia no fue suficiente para la intervención de la fiscalía de menores. ¿Qué hubiera ocurrido si las mismas declaraciones las hace un imán o un rabino? También son propias de una antología del encubrimiento y de una ceremonia de la confusión las desafortunadas declaraciones del obispo de Ciudad Real, Antonio Algora que en Conferencia de Prensa en mayo de 2010 respondía del modo cómo puede verse en el siguiente vídeo. A nivel oficial, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela, anunció también en 2010, en el discurso inaugural de la XCV de la Asamblea Plenaria de la CEE “que los obispos pondrán más cuidado, los medios adecuados, para prevenir y corregir” casos de abusos sexuales a menores por parte de curas “para que nadie pueda pensar que la comisión de tales crímenes puede ser compatible con el sacerdocio”. “Es intolerable faltar tan gravemente a la castidad, a la justicia y a la caridad, abusando de una autoridad que debería haber sido puesta precisamente al servicio de esas virtudes y del testimonio del amor de Dios, del que ellas dimanan”. El problema es que la sentencia del Tribunal Supremo a pagar 30.000 euros en julio de 2007 contra Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid en ese momento, como responsable civil subsidiario al no vigilar el comportamiento del cura que cometió abusos sexuales contra un niño en la sede de la vicaría, no le otorga ninguna credibilidad. El cura era Rafael Sánchez Nieto, condenado por pederastia a dos años de cárcel. Rouco Varela, al igual que todos los obispos españoles, conocía las denuncias contra este sacerdote de mano del catequista de Aluche, Carlos Sánchez Mato. Ni él ni el resto de obispos hicieron nada.
En definitiva, todo parece indicar que el encubrimiento de los sacerdotes que abusan sexualmente de menores no es un hecho esporádico en la Iglesia española. Si por un lado, una interpretación torticera de la “ética del deber”, propia de un corporativismo psicópata, ha impedido que las jerarquías eclesiásticas permitieran denunciar ante la justicia –la civil claro, porque los casos internos eran resueltos por la vía del traslado de parroquia, unido a la humillación y difamación de las víctimas y de sus familiares, a la espera del juicio final-, por otro lado, la fiscalía y la judicatura cuando han recibido estos casos los han dilatado en exceso, asumiendo con resignación la absoluta falta de colaboración por parte de la Institución eclesiástica. ¡Qué diferencia con la Justicia belga que permite que la policía registre sedes arzobispales buscando pruebas de abusos a menores!
¿Es la pederastia inherente a la Iglesia católica? Aunque la recurrencia a las estadísticas no es muy precisa por la naturaleza de tabú del asunto, todo parece indicar que los pederastas lo son donde hay contacto con niños y con niñas y en eso, la Iglesia católica no tiene el monopolio. ¿Incrementa el celibato obligatorio y la pacata y antinatural idea de la sexualidad que posee la Iglesia católica, así como de la orientación sexual, los casos de pederastia en su seno? Por mucho mal que hayan hecho estos dogmas, establecer un lazo de unión entre ellas y la pederastia, la pedofilia o la efebofilia sería sin duda temerario. No obstante, lo que es claro es que la Iglesia católica, ha sometido este tipo de delitos a los intereses de la organización, encubriendo a sus protagonistas hasta que fuese posible y, a veces más allá de lo posible. Menuda casa encontraron los pederastas. Llegados a este punto, el único delito que queda es la impunidad, tanto de estos delincuentes –sólo un par de decenas tienen sentencias en firme-, como de sus colaboradores y encubridores necesarios. La gravedad de estos delitos es tan alta y la incompatibilidad con la Institución donde ocurren tan escandalosa, que ni las reprimendas, ni el dinero a las víctimas, ni la solicitud de perdón clerical se hacen admisibles en un Estado de Derecho: o la justicia y los medios de comunicación abordan este asunto con la equidad de la Justicia y el rigor de la objetividad o ambos serán cómplices de estos delitos.
[…] Fuente: MiCiudadReal […]