El Grupo Socialista va a exigir a Cospedal que de manera urgente declare una moratoria que paralice todos los expedientes de desahucio en Castilla-La Mancha hasta que se resuelvan las modificaciones normativas que se están debatiendo en el Congreso de los Diputados. Así lo ha anunciado hoy la portavoz en materia de Vivienda, Rosa Melchor, quien señaló que esta misma tarde, en el pleno de las Cortes regionales, planteará una proposición en este sentido.
Melchor indicó que se va a exigir, igualmente, que esta paralización tenga carácter retroactivo, porque este problema lo están sufriendo los castellano-manchegos desde que comenzó la crisis.
La parlamentaria indicó que además, aprovechando la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, los socialistas también van a plantear que las Cortes regionales insten al Gobierno de España a modificar la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil adaptándolas a la realidad actual y que la dación en pago se convierta en la norma a la que puedan acogerse voluntariamente todos los afectados por desahucio y no sea una excepción como hasta ahora.
Igualmente, pedirán en esa proposición que se facilite la posibilidad de alquiler social en la propia vivienda en la que se pretende desahuciar a las personas afectadas.
“Acabar con la injusticia económica y laboral a los 70.000 empleados públicos de la Junta de C-LM”
Por su parte, el portavoz de Asuntos Generales del Grupo Socialista, Luis Santiago Tierraseca, informó de otra iniciativa que presentarán, esta tarde en el pleno, exigiendo la modificación de los criterios sobre Incapacidad Laboral Transitoria (ILT) que fueron aprobados por el actual Gobierno regional y que están recogidos en la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha. “El objetivo es acabar con la injusticia económica y laboral a los que Cospedal está sometiendo a los 70.000 empleados públicos de la Junta”.
El parlamentario señaló que los trabajadores de la administración regional están sufriendo una «discriminación grave» con respecto a los empleados públicos de otras administraciones, ya sean de ayuntamientos, diputaciones o del gobierno central, «ya que los baremos que se les aplica cuando están de baja por enfermedad son más restrictivos y les supone una merma económica mucho mayor». Por ello, lo que solicitan es que se aplique a los empleados de la Junta la ley básica del Estado para el caso de bajas por enfermedad.
