La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha anunciado que el Gobierno regional está trabajando en una norma en la que se establezcan medidas excepcionales para arrendatarios de viviendas protegidas de iniciativa pública con dificultades de pago de la renta.
La consejera de Fomento ha adelantado que esta medida “permitirá proteger a aquellos inquilinos de nuestro parque de vivienda que, por circunstancias económicas sobrevenidas y justificadas, no puedan atender los alquileres”.
Marta García también ha destacado la importancia de esta norma, porque va a “tranquilizar” a aquellas familias que están sufriendo la crisis en mayor medida y no pueden atender los pagos “hasta que su situación económica mejore”, lo que va a permitir “que no vivan angustiados ante la posibilidad de un posible desahucio”.
Asimismo, la titular de Fomento ha augurado que esta iniciativa podrá presentarse “pronto”, pues con el establecimiento de esta norma “también se consigue hacer una importante política en materia de vivienda”.
En otro orden de cosas, Marta García también ha recordado que el Gobierno regional se encontró una deuda de 17,5 millones de euros en la gestión del patrimonio de viviendas, a lo que ha añadido que “en el año 2012, este Gobierno ha tenido que convalidar ayudas extrapresupuestarias -que no tenían ningún reflejo contable- por valor de 65 millones de euros”.
