El Gobierno regional ha dado luz verde a la aprobación definitiva del Decreto que desarrolla la Ley de Autoridad del Profesorado. Con esta actuación, Castilla-La Mancha se convierte en en la primera comunidad autonómica que aprueba un decreto de tales características en España.
Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno autonómico, Marcial Marín, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno. Según ha dado a conocer Marín, «el decreto es un eslabón más del marco de actuaciones del Ejecutivo para la defensa del docente en nuestra región, trata de homogenizar las medidas educativas correctoras o disciplinarias, así como de las conductas infractoras, para que todos los centros educativos, ante la misma falta o hecho, apliquen la misma respuesta”.
De esta manera, el consejero de Educación ha valorado que “por primera vez la legislación de Castilla-la Mancha esté exclusivamente dirigida al profesor”, una medida que responde a una “imperiosa reivindicación del propio colectivo docente desde hace años”.
Marcial Marín ha afirmado que la Ley de Autoridad Docente “responde a la apuesta del Gobierno por el buen clima de convivencia en las aulas castellano-manchegas”. A su juicio, se trata de «dar carácter jurídico a derechos como el respeto y la consideración, pues asistimos a una peligrosa pérdida de valores y una devaluación social de la profesión de docente», ha continuado.
Tal y como ha explicado Marcial Marín, el decreto que desarrolla la Ley de Autoridad Docente se aplicará en todos los centros de educación no universitaria de la región.
Presunción de veracidad
En opinión del titular de Educación, uno de los puntos más destacados de este proyecto es la “presunción de veracidad del docente”. Según ha concretado Marín, “la protección a los profesores no resta garantías jurídicas contra los alumnos, ni implica un menoscabo o castigo a los mismos”. A partir de ahora, ha proseguido el consejero, “cuando el profesor consiga recuperar su autoridad, tendremos unos alumnos más motivados en las aulas”.
El decreto contempla la realización de tareas educativas en función de la gravedad de los hechos. En el caso de que haya daños materiales, el alumno -o en su defecto los padres- correrán con el coste económico de su reparación.
