Guadalupe Martín González. Ex directora general de Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha.- Gusta aludir a José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes Sociales y del Observatorio Nacional de la Dependencia, la frase célebre de Antonio Machado de “la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”.
Ahora más que nunca, esa frase viene a colación cuando se trata de desenmascarar la cortina de humo que el Gobierno regional del PP intenta lanzar con empeño para desviar, en lo posible, los errores que su jefa, la Sra. De Cospedal, va añadiendo a la irracionalidad de los cierres de los Puntos de Atención Continuada en el medio rural, o a la gestión del caso Bárcenas, más propio del Club de la Comedia. Y la termina pagando, como siempre el más débil, el Sistema de Dependencia.
Como también dice Ramírez: “Si deciden desmantelar el Sistema, que lo hagan, pero que no insulten nuestra inteligencia ni a los profesionales y familias demonizando a un colectivo vulnerable como es el de la dependencia”.
En sus “urgencias” por desviar la atención de los recortes en esa sanidad que aseguran los populares – tirando de argumentario – que “han salvado”, no se le ocurrió al Sr. Echaniz nada mejor que aprovechar la presencia de los medios nacionales a la entrada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia y, sin encomendarse a nadie, soltar la andanada, asegurando que el Tribunal de Cuentas había destapado la “catastrófica gestión del PSOE” sacando a la luz 30.000 fallecidos que figuraban como beneficiarios.
Echaniz intentaba así desviar la atención de unos recortes sanitarios que eran tema de tertulias políticas nacionales y de indignación generalizada, dejando para ello en mal lugar a “unos pícaros dependientes”, a unos profesionales que gestionaban miles de DNI falsos, a unas comunidades autónomas que veían como su propio compañero de partido les ponía a los píes de los caballos, al propio Ministerio que tuvo que hablar de “baile de cifras” y, sobre todo, al mismísimo Tribunal de Cuentas que en nota de prensa se vio obligado a aclarar que no hay informe definitivo, que se está a la espera de las alegaciones de más de 60 administraciones y responsables políticos; advirtiendo al Sr. Echaniz que sus declaraciones “no pueden sustentarse en el contenido del anteproyecto elaborado”. Eso es lo que se llama cubrirse de gloria.
Esas declaraciones incendiarias, pero que interesa reiterar de vez en cuando, obligaron a ponerse a trabajar de forma apresurada a la Comunidad de Madrid (de donde fue consejero el propio Echániz) ya que el informe preliminar manipulado deja en mal lugar a esa comunidad pues aparece con una cifra de fallecidos que cuadriplica la de Castilla-La Mancha. Y qué decir de Castilla-León cuyo consejero en ese momento (año 2010) es hoy el director del Imserso, y que tiene cifras de fallecidos que sextuplican las de nuestra región. Estupefactos quedaron todos al observar una vez más que la actitud innecesaria, altiva del consejero, en consonancia con la de su jefa, instalados en el todo vale para salvar su piel.
Sorprendía que el Gobierno regional del PP acusara en base a un informe que ocultaba, que si apreciaba ilegalidades no hablara de denunciarlas de forma inmediata en los tribunales o que si se habían producido pagos indebidos no anunciara el inicio de los procedimientos normalizados de reintegro como habitualmente se hacía. Se trataba sólo de excrementar sobre el ambiente del colectivo más frágil, el de las personas en situación de dependencia y el de sus familias, lo que ha obligado a la Plataforma de la Dependencia a acudir a la Fiscalía, y ésta a abrir las oportunas diligencias.
Al parecer el Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside María Dolores de Cospedal, desconoce que, como ocurre en el sistema de pensiones, en un colectivo tan voluminoso (más de 100.000 expedientes en Castilla-La Mancha) y con reducida esperanza de vida, la existencia de fallecidos es habitual, y que estos permanecen activos hasta que se realizan los cruces con INE o con Registro Civil, lo que en ocasiones lleva varias semanas de demora. También parece no recordar el Gobierno del PP el derecho de la persona fallecida, y en consonancia de sus herederos, a cobrar atrasos en determinadas situaciones.
Pero expliquemos la verdad sobre lo sucedido. El IMSERSO abona mensualmente a las comunidades autónomas una cantidad por cada persona dependiente que aquellas registran en la aplicación informática que gestiona estas ayudas. Es el conocido como el nivel mínimo. Continuamente se producen altas y bajas, por lo que periódicamente el IMSERSO regulariza lo pagado en exceso o por defecto en el periodo anterior, sin que comunidades autónomas ni IMSERSO ganen ni pierdan ni un solo euro. Esto es lo ocurrido con las personas fallecidas que en el momento en cuestión aún no habían sido dadas de baja; lo abonado se compensó, siendo radicalmente desafortunadas e irresponsables las declaraciones del consejero de Cospedal asegurando que se habían perdido 140 millones de euros.
Curiosamente la cifra publicada para Castilla-La Mancha de 724 personas (antes la Consejería habló de más de 1.000) es coincidente con los índices de mortalidad de los dos meses de desfase en la actualización de las bases de datos; algo que, como hemos comentado, no ocurre en otras comunidades como Castilla-León (4.105) o la comunidad de Madrid (2.647).
Por lo tanto, en ningún momento la Junta de Comunidades tiene que devolver cantidad alguna al Imserso, derivada de dicha regularización. Estas compensaciones se realizaban y se realizan todos los meses.
En ningún momento se hicieron pagos a fallecidos en Castilla-La Mancha porque es prácticamente imposible con la herramienta TAREA de pagos, abonar un solo euro a una persona o a un DNI de un fallecido.
En definitiva, una manipulación de un informe que aún no lo es, que se adereza con la propia cosecha popular de “perlas” añadidas como la existencia de “1.200 expedientes con DNI duplicado o erróneo” (el Tribunal en su informe detecta 6 casos en esta situación, de expedientes que además tienen una explicación técnica).
Resulta indignante, por lo tanto, que una Ley de Dependencia que nació con el voto favorable tanto del PP como PSOE, que avanzó entre las dificultades pero con más de 20 acuerdos en el Consejo Territorial, y que formaba parte de esa “línea roja” que la presidenta Cospedal nunca atravesaría, hoy esté en proceso de desmantelamiento, y, encima, se culpabilice de ello a todo el que pase por ahí.
La consecuencia es evidente. Según las cifras oficiales publicadas, en Castilla-La Mancha hay aún 17.000 familias esperando respuesta, miles de ellas fallecerán en su espera. Se demoniza a los cuidadores bajándoles su prestación, eliminando su cotización a la seguridad social, vinculándoles al fraude. Se atiende a menos gente y con peor calidad en los centros. Se dedican los pocos efectivos que quedan en los servicios de dependencia, en muchos casos a fiscalizar y revalorar a los dependientes para bajarles el grado o quitarles la prestación. Se añaden tasas, copagos, burocracia… En definitiva se dedica menos presupuesto a servicios sociales con una reducción de 93 millones de euros a favor eso sí, de algo más importante, llamado “objetivo de déficit”.
Esperemos que, si finalmente es cierto que Castilla-La Mancha ha dado satisfacción a los mercados y a los poderosos, la Sra. De Cospedal pueda dedicar algo más de su tiempo a atender como se merecen a muchas personas dependientes que han trabajado toda una vida para que podamos vivir en esta sociedad democrática que permite con libertad al Sr. Echaniz expresarse y manipular los informes, aunque sean preliminares, a su antojo. El cierre de las urgencias en el medio rural fue el culpable, el sistema de la dependencia en esta ocasión está siendo la víctima. Salud.
