El Gobierno regional ha puesto en marcha en Castilla-La Mancha un Protocolo de Actuación cuya finalidad es proteger y salvaguardar a los 32.000 profesores castellano-manchegos.
Gracias a este Acuerdo de Coordinación -firmado hoy por el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, y portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín-, el Ejecutivo castellano-manchego impulsa la colaboración entre las dos consejerías, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y eficaz ante las conductas infractoras de las que sea víctima el profesorado en el ejercicio de sus funciones, según se recoge en la Ley 3/2012, de 10 de mayo, de Autoridad del Profesorado.
Se trata de facilitar, tanto a los profesionales del Servicio de Atención de Urgencias del 1-1-2 (SAU) como al personal docente, pautas de actuación ante una situación de emergencia o ante un ataque a la integridad física o moral del docente derivada de su condición profesional.
El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas ha resaltado que, a través de la firma de este acuerdo de coordinación, se pone a disposición de los docentes un servicio que “funciona de manera ejemplar”, en referencia al Servicio de Atención de Urgencias 1-1-2.
De esta forma, ha proseguido Leandro Esteban, mediante los protocolos que desarrolla este acuerdo, se proporciona una “mayor protección y las mejores condiciones” para que los docentes desempeñen su “importantísima labor”, al tiempo que ha subrayado ha subrayado que la firma de este acuerdo de colaboración es un auténtico “privilegio” para el Gobierno de la presidenta Cospedal, y garantiza mayor seguridad a la “figura del docente”.
Ley de Autoridad del Profesorado
Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, ha asegurado que, con esta actuación, “el Ejecutivo regional está dando una protección real, inmediata y eficaz a los docentes castellano-manchegos”. A su juicio, esta actuación era “necesaria” porque en España se producen 3.000 conductas gravemente perjudiciales al año.
“El Gobierno regional está afianzando los pilares de la educación de nuestra región, como son los 32.000 profesores y los 450.000 alumnos”, ha afirmado. En este punto, ha recalcado que “proteger al profesor significa proteger al alumno”, lo que en su opinión permite proporcionar un “mejor clima de convivencia en las aulas y convertirlas en aulas de esfuerzo, superación personal y respeto”.
El consejero ha recordado que “desde el Ejecutivo de la presidenta Cospedal protegemos al profesorado por varias vías, entre ellas, la Ley de Autoridad del Profesorado”, una normativa a la que Marín se ha referido como “la más avanzada de toda España”.
Además, según ha reconocido el titular autonómico, “el Ministerio de Educación está elaborando una Ley de Autoridad del Profesorado en consonancia con los objetivos que refleja la normativa autonómica”.
