La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en el sector de la Justicia, valora positivamente la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la normativa hipotecaria española e insta al Gobierno a que modifique de forma inmediata la ley, adaptándola a los términos recogidos en la sentencia.
En este sentido, CSI-F reclama al Gobierno que también modifique el anteproyecto de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial, «donde se esconde la privatización de las diligencias de lanzamiento por impago de hipoteca o los embargos de bienes». En virtud de este texto, los procuradores de los acreedores serán quienes dirijan las diligencias de lanzamiento y de embargo en sustitución de los funcionarios de Justicia que son quienes los realizan en la actualidad.
«Con esta modificación, que supone un coste suplementario al ciudadano que tendrá que abonar por este servicio, el Ministerio de Justicia pretende orillar a los funcionarios públicos que, no olvidemos, siempre son ajenos al pleito y tienen la obligación de ser imparciales», dice el sindicato.
Movilizaciones
CSI-F, en coordinación con la plataforma Justicia Para Todos, reanudará la próxima semana las movilizaciones contra las reformas del ministerio de Justicia, en este caso, contra el proyecto de privatización del Registro Civil. El jueves, 21 de marzo, se producirán concentraciones en las puertas de los registros civiles de toda España.
Por último, CSI-F reitera su rechazo al decreto que reforma la Ley de Tasas, que convalida hoy el Congreso, dado que no resuelve el problema del derecho de acceso a la Justicia y mantiene la discriminación a los empleados públicos.
Los funcionarios seguirán pagando proporcionalmente más (120 euros más en segunda instancia y 180 en casación) por acudir a la justicia en defensa de sus derechos laborales y tampoco podrán defenderse a sí mismos como venía siendo hasta ahora (deben estar representados por abogado y procurador, con el coste que acarrea), según el sindicato.
