Teníamos razón: los desahucios, la ley hipotecaria y la ejecución hipotecaria son declarados ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Ciudad Real.- Después de años escuchando con vehemencia a los líderes de los dos grandes partidos políticos de este país y a sus palmeros de los medios de comunicación próximos al régimen, y a que la ley hipotecaria y el procedimiento de ejecución hipotecaria era irreformable, después de que nos repitieran hasta la saciedad que todos éramos responsables, y que quien se compromete a una deuda, debe pagarla, resulta que nosotros teníamos razón. Los desahucios son ilegales porque contravienen las normas europeas (y nacionales) de protección a los consumidores y porque no garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva de los deudores.

Hasta ahora, si tu préstamo contenía clausulas abusivas (y la mayoría la tienen: fraude del Euribor, clausula suelo, interés moratorio disparatado, limitar la defensa judicial del deudor, posibilidad de reclamar toda la deuda por un solo impago, ect…) daba igual, no había manera de oponerte a la ejecución de tu vivienda y al consiguiente desahucio. Tuvieras o no razón acababas en la calle sin ninguna otra alternativa más allá de enfrentarte a la entidad de los movimientos sociales como la PAH.

Ahora esto se ha acabado. A partir de esta histórica sentencia, los jueces pueden controlar (incluso de oficio) la validez de los contratos hipotecarios y suspender los procedimientos hasta tomar una determinación sobre la validez de estas clausulas. Al menos, podemos, evitar el desahucio durante un tiempo y poner límites a los abusos desmedidos de entidades financieras rescatadas con dinero público que hacen su negocio extorsionando a las personas y violando sus derechos fundamentales.

Pero el problema no está resuelto. La lucha popular por una solución justa a la crisis humanitaria que atraviesa nuestro país no ha alcanzado sus objetivos. Los desahucios, si bien ahora pueden suspenderse, no han acabado. La resolución del TJUE nos abre un nuevo escenario, pero no reconoce la violación sistemática de los derechos fundamentales de la población que han pertrechado las entidades financieras durante años con el apoyo explícito del PSOE, el PP y sus sucesivos gobiernos.

Estamos satisfechos de las conclusiones del TJUE, basadas en la defensa de los derechos de los consumidores. Sin embargo insistimos en que las personas no son sólo consumidores, sino seres humanos, y la legislación española viola no sólo los derechos de los consumidores, sino los derechos humanos reconocidos en la declaración universal y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En este sentido la resolución resulta insuficiente, pues creemos que el estado español debe garantizar el derecho a una vivienda adecuada a todos sus habitantes, derecho que pese a la resolución del TJUE sigue sin quedar garantizado.

En este sentido seguimos a la espera de que algún día nuestro Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derecho Humanos se pronuncie a favor de este derecho fundamental, e instamos a los poderes públicos a una reforma legal y constitucional que garantice la tutela de este derecho. Nos atrevemos a pedir aún más. Algún día los responsables políticos y económicos de esta tragedia tendrán que responder ante la justicia de los crímenes económicos que provocaron. No descansaremos hasta entonces.

Por otro parte, la sentencia refuerza la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la plataforma. Ahora más que nunca es necesaria esta propuesta de mínimos para reformar la ejecución hipotecaria y la Ley Hipotecaria. La resolución europea demuestra una vez más que pese a los argumentos del Gobierno, la ILP es necesaria. Instamos al Congreso de los Diputados y todos los grupos parlamentarios a la aprobación urgente de esta iniciativa.
¡Sí se puede!