Santiago Salvador de León, Profesor de Griego del I.E.S. Juan de Padilla, de Illescas (Toledo).- Somos unos 1500 profesores suprimidos o amortizados este curso en Educación Primaria y Secundaria en Castilla-La Mancha, cada uno bajo circunstancias diversas, pero todos por estar en el punto de mira del llamado ajuste presupuestario, en mi caso, profesor de Griego desde hace 35 años (31 ininterrumpidos en el mismo centro), 
porque, según se me ha dicho, no cuento para los planes de futura remodelación de los ámbitos educativos; y eso a pesar de haber mostrado una fidelidad tan prolongada al mismo instituto, de ir a cumplir 59 años, a falta de uno solo para la ya improbable jubilación anticipada, y de mantener con dignidad en los cursos de bachillerato una asignatura que parece ir en dirección contraria al signo de los tiempos, y que , desposeído del elemental derecho a la conservación de una plaza ganada en unas oposiciones a Cátedra en 1981, se me priva incluso del último derecho de poder optar a ella, reconvertida ahora en Cultura Clásica.
Mi caso sólo es uno más de ingratitud de la Administración con los docentes (“ingrato”es el peor insulto que podía dirigirse a alguien en el mundo antiguo del que surge nuestra cultura), pero es además representativo de una situación amenazante que proyecta negros nubarrones en el horizonte educativo inmediato, por la aplicación de unos criterios de economía de empresa a lo que ha venido denominándose enseñanza pública.
Una empresa en la economía de mercado imperante, lo sabemos bien, busca el máximo rendimiento a costa, si es preciso, de aumentar la jornada de trabajo, intensificarla o reducir sus costes mediante el despido de trabajadores “improductivos”, lo cual genera una enorme plusvalía al empresario, directamente proporcional al abaratamiento del producto y a la devaluación de los salarios.
La aparente ventaja del ahorro derivado de adaptar esta visión mercantil a la enseñanza pública, como lo están haciendo sus actuales gestores, es que ,si antes en un instituto de 800 alumnos y 40 profesores cada docente podía contribuir a la titulación anual de 20 alumnos, como baremo productivo medio, la reducción de plantilla de los dos últimos años por despido de interinos más las amortizaciones de profesores fijos anunciadas este curso multiplicarían por dos la “productividad laboral” resultante de atribuir el doble de titulaciones a cada docente, si bien a expensas de prolongar el horario lectivo semanal de 18 a 21 horas, de impartir materias en las que no se está especializado, de suprimir grupos y de acumular más alumnos por aula hasta un límite difícilmente sostenible, en resumen, empeorando los medios y condiciones más deseables para el desempeño de la labor docente, por debajo de un umbral que no debiera traspasarse, lo que, extrapolando de nuevo los términos mercantiles al ámbito educativo. Significaría que el trabajador de la enseñanza pública ha perdido poder adquisitivo en el mercado laboral precisamente porque al aumentar su capacidad productiva devalúa el producto con el que se mide el valor de su trabajo, indefectiblemente abaratado hasta el extremo de poderse prescindir de la mitad de la plantilla.
Pero lo peor es que ese producto devaluado lo constituyen los alumnos que, conseguidas sus titulaciones, en un futuro próximo verán caer en picado su valoración profesional; ellos son las otras víctimas de los recortes, a los que los predicadores de la competitividad esperan como buitres para ensayar con ellos nuevos métodos de explotación.
Y el beneficiario de esta rebaja en los costes de producción, que debería ser el propio Estado, en quien en último término recae la gestión de la enseñanza pública, que se supone debe atender por medio de especialistas y profesionales bien cualificados las necesidades de la sociedad, emplea, en cambio, ese ahorro de recursos en equilibrar los presupuestos, ajustar el déficit o pagar los intereses de una deuda que hacen crecer día a día los especuladores, es decir, cede a otros la inversión educativa, la explotación de un negocio que se había mantenido en gran medida al margen de la competencia económica, en el que esos otros parten con ventaja, no tanto por sus propios méritos como por el desplome del derecho a recibir una enseñanza pública gratuita que emplee los mejores medios y condiciones de trabajo. Esos otros son los nuevos inversores de una enseñanza que no es para todos, que no tiene como fin el interés de la sociedad, sino el particular de quienes pretenden sustituir la verdadera riqueza que comporta el uso común de los bienes por la creación de una espúrea plusvalía que se apropian para su exclusivo beneficio. Para éstos la gratuidad es un mal negocio y, por contra, la precariedad de lo público, una promesa de rentabilidad ilimitada, frente a la que los profesores despedidos, suprimidos y amortizados suponíamos un lastre que se han acabado quitando de en medio gracias a la inestimable colaboración de este gobierno.
