La sede del Colegio de Médicos de Ciudad Real acogió la reunión entre los coordinadores médicos de la provincia y los vocales de Atención Primaria Urbana y Rural, los doctores Rafael Martínez Pardo y Miguel Ángel Monescillo respectivamente.
El objetivo prioritario del encuentro, además de poner en común los problemas que afectan a esta especialidad, era debatir sobre los planes funcionales elaborados por los centros de salud y valorar la respuesta de la Administración Sanitaria.
El debate puso de manifiesto que a muchos de los médicos de la provincia, especialmente en el área de Ciudad Real y Valdepeñas, les están reduciendo horas de atención continuada, de forma unilateral, lo que supone una diferencia retributiva importante en comparación con otros médicos de la provincia o región. De esta forma se acordó la elaboración de un escrito, denunciando ante las gerencias correspondientes esta situación, escrito que contará con el apoyo del Colegio de Médicos de Ciudad Real. Si no se obtiene la respuesta esperada, no se descarta recurrir a la vía judicial.
Por otra parte, durante el encuentro se creó la Plataforma de Sanitarios Locales de la Provincia de Ciudad Real, conocidos como de Atención Pública Domiciliaria (APD), ante la situación de incertidumbre creada a raíz del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que obliga a la integración del personal funcionario al servicio de instituciones sanitarias públicas. A pesar de que han pasado ya algunos meses desde su publicación, los médicos APD aún no conocen cómo se va a aplicar esta Ley que constituye una agresión a los derechos adquiridos mediante oposición de los médicos del Sistema Nacional de Salud. El colectivo de médicos funcionarios no es homogéneo y por lo tanto, no se sabe si afectará a todos por igual. Asimismo, el Real Decreto señala que si un funcionario quiere seguir conservando su estatus, las comunidades autónomas “adscribirán a este personal a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas, conforme a las bases de los procesos de movilidad que, a tal fin, puedan articularse”. En este sentido, “se dejaría de atender a nuestros pacientes para realizar labores sólo administrativas”.
