José Carlos Sanz / Santos G. Monroy.- No pinta nada bien para Puertollano la propuesta de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Demarcación y Planta Judicial. Lo que desde la comisión redactora supone una actuación “decididamente reformista de un modelo que se proyectó para el siglo XIX”, supone un mazazo para el partido judicial de la ciudad industrial ya que, según las fuentes consultadas, los juzgados de Civil y Penal serían trasladados a Ciudad Real. Fuentes cercanas a la comisión de juristas consultadas por este medio señalan que esta propuesta de reforma podría ser definitiva, y su tramitación inminente.
A principios de esta semana, el Ministerio de Justicia recibió los textos elaborados por las comisión institucional creada por acuerdo de Consejo de Ministros para la elaboración de propuestas de textos articulados de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), Ley de Demarcación y Planta Judicial y Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En lo que atañe al diseño territorial y orgánico de la Justicia española, las reformas inciden, según el presidente de la comisión, Luis María Díez-Picazo, en la supresión de partidos judiciales y de los juzgados de paz “para una mayor profesionalización”, así como en la apuesta por tribunales de Instancia con circunscripción en cada provincia, para acometer una «modificación profunda» de un “modelo proyectado para el siglo XIX”.
No lo ven igual los juristas consultados por este digital, para quienes esta propuesta supone un “auténtico mazazo” para el partido judicial de Puertollano, ya que los juzgados de Civil y Penal serán trasladados a Ciudad Real. Según las fuentes consultadas, “lo llaman reestructuración o especialización, pero en realidad los juzgados de Puertollano quedarían para notificaciones, citaciones y poca cosa más”.
En lo referente a la nueva Ley de Planta, se propone una reforma integral, con la eliminación de los juzgados de paz, que son órganos judiciales unipersonales con jurisdicción en un municipio en el que no existe un juzgado de primera instancia e instrucción. Asimismo, se prevé una importante supresión de juzgados de instrucción y de primera instancia, dejando los partidos judiciales mermados y agrupándolos en los tribunales de Instancia, es decir, en lugar de varios juzgados, un solo tribunal. Además, y según se desprende de la propuesta, la demarcación territorial de los tribunales de Instancia sería la provincia.
De este modo, las comisiones creadas para elaborar propuestas para la LOPJ y Ley de Demarcación y Planta Judicial no habrían tenido en cuenta el informe elaborado por la Plataforma de juristas en defensa del partido judicial de Puertollano, remitido meses atrás. En dicho informe se proponía el mantenimiento del actual partido judicial de Puertollano con la inclusión del de Almadén.
Desde el Ministerio se insiste en que es una reforma “necesaria” por cuanto el concepto de partido judicial, vigente desde la ley de 1988, “respondía a una realidad social, económica, demográfica y de infraestructuras muy distinta de la actual y que es necesario actualizar”.
En base a estas premisas, la propuesta de reforma no pinta nada bien para el mantenimiento del partido judicial de Puertollano, tal y como lo conocemos ahora. La propuesta consagra la potestad jurisdiccional exclusivamente en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores de Justicia y tribunales de Instancia. Asimismo, la demarcación territorial de los tribunales de Instancia será la provincia, y tendrán su sede en la ciudad que determine la Ley de Demarcación y Planta Judicial.
Bajo la premisa de los artículos recogidos en la propuesta de reforma, las fuentes jurídicas consultadas insisten en que este proyecto “acaba con los juzgados de instrucción y primera instancia, dejando sólo lo que ahora llaman tribunales de Instancia”. Las mismas fuentes consideran que materializar dicha propuesta tendrá un elevado coste económico, “y aunque dinero no hay para lo que pretenden, está claro que es lo que pretenden”. También consideran que la aplicación de esta reforma de la Ley de Planta se modularía en función de la presión que ejerzan jueces, juristas, funcionarios de justicia y sociedad civil”.
La comisión redactora la propuesta está presidida por Luis Mª Díez-Picazo, magistrado del Tribunal Supremo, en lo relativo a la LOPJ; y por Antonio Dorado, Secretario Judicial y Vocal del CGPJ, en lo que afecta a la Ley de Demarcación y Planta. Además, está integrada por Juan Damián Moreno, catedrático de Derecho Procesal; Carlos Lesmes, magistrado del Tribuanl Supremo; Marta Silva de la Puerta, abogada general del Estado; Joaquín Mª Vives, abogado; y Luz Mª Ruibal, asesora del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia.
El partido judicial como trasunto en la administración judicial de la comarca a nivel de administración territorial muere para fortalecer a la provincia, a la capital. La reforma de régimen local da vigor a las diputaciones cuando creíamos que se iban a suprimir y ningunea a las mancomunidades de municipios. La reforma de la ley de Planta hace otro tanto con la comarca. Parece que todo serán tribunales radicados en las capitales de provincia. Adiós a todo un sistema nacido en el XIX y fortalecido a finales del XX con la ley de planta y demarcación judicial del 88.
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