Una vez más la crisis está golpeando de forma directa los derechos de los consumidores, «fruto de una nefasta política de vivienda hecha en connivencia de bancos, cajas y promotoras». La solicitud de concurso de Reyal Urbis, según la Asociacion de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, es un nuevo caso de inmobiliaria-promotora arrastrada por la especulación y los excesos que han presidido la economía española durante años.
A pesar de que desde la dirección de Reyal Urbis aseguran que serán capaces de encontrar una solución y continuar con su actividad con normalidad, la experiencia de ADICAE en casos similares «pone de manifiesto los graves perjuicios que se suelen derivar para los consumidores que están pendientes de la entrega de las viviendas adquiridas a promotorasconstructoras».
La actual situación de Reyal Urbis guarda muchas similitudes con Martinsa-Fadesa, por lo que ADICAE, que ya logró que en aquel caso todos los afectados recuperasen las cantidades aportadas, ya ha comenzado a actuar para evitar perjuicios a las familias clientes de Reyal Urbis, «puesto que las crisis de este tipo de compañías acaban destapando operativas muy dudosas como por ejemplo falta de contratación de avales, o cláusulas oscuras y abusivas que acaban dificultando la defensa de los afectados».
ADICAE se dirigirá a los administradores de la entidad requiriéndoles información sobre las promociones residenciales pendientes de finalización y entrega, así como acreditación de la existencia de los preceptivos avales o seguros que la Ley impone para garantizar el 100% de las cantidades entregadas por los usuarios y sobre el número de letras que Reyal Urbis hubiera podido endosar para obtener liquidez.
Por otra parte, y dado que el inicio del procedimiento concursal podría generar dificultades a los afectados para obtener la devolución de las cantidades aportadas, ADICAE solicitará también a Reyal Urbis que indique qué viviendas no van a ser terminadas, con objeto de que los clientes puedan ejercer su derecho a resolver sus contratos sin esperar al plazo establecido en contrato.
El concurso voluntario instado por Reyal Urbis es un procedimiento judicial que en la práctica protege a los grandes acreedores como empresas o bancos, pero que tiene altos costes para los consumidores y no están diseñados para dar una respuesta eficaz a los mismos. Por ello ADICAE exige que por encima de la Ley Concursal se hagan valer los derechos de los consumidores, devolviéndoles el 100% de las cantidades aportadas, antes de atender a cualquier otra deuda de la empresa.
