El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha asiste con «preocupación» a los acontecimientos producidos tras la «batería de recortes» del Ejecutivo regional y que, a su juicio, «supone un duro revés al tejido social, y a determinados servicios públicos que ahondan en la sensación de vulnerabilidad de determinados colectivos y de miles de personas».
En lo que atañe estrictamente a la profesión, el Colegio advierte de que «todos los ámbitos de la Psicología se están viendo afectados en mayor o menor medida pero es en el campo de la Intervención Social, donde los daños pueden ser irreparables». «Y es que el impacto de las medidas adoptadas hasta la fecha se ha dejado notar a diferentes niveles y está produciendo daños que en muchos casos pueden ser irreparables», aseguran desde el Colegio Oficial de Psicólogos.
«En primera instancia, la situación generada se ha cebado especialmente con diversas asociaciones y entidades de carácter público y privado que trabajan en ámbitos tan importantes como la familia, la infancia, la tercera edad, las personas dependientes o discapacitadas, la juventud, la mujer o los sectores más desfavorecidos y en riesgo de exclusión social», asegura el Colegio. «Las deudas que mantiene la JCCM con estas instituciones o la disminución en las aportaciones que venía realizando han provocado una verdadera contradicción en la atención integral y el desarrollo personal que recogen y defienden las cartas de servicio de la propia Administración», subraya.
Según el colegio, «la progresiva disminución de recursos de apoyo social hace que el ‘tejido protector’, en el que se podían apoyar las personas y que proporcionaba apoyo psicológico a aquellas que se encontraban atravesando situaciones de crisis, haya visto mermada su eficacia».
«De igual manera, esta situación incide negativamente, como no podía ser de otra forma, sobre el profesional de la Psicología ya que esa drástica reducción de los mecanismos de atención a las personas ha conllevado la pérdida de centenares de puestos de trabajo en Castilla-La Mancha y una ingente cantidad de retrasos en el pago de las nóminas de aquellos que aún conservan el suyo», señala la organización colegial. El Colegio de Psicólogos de Castilla-La Mancha está «siguiendo de cerca el incesante número de casos que se está produciendo en toda la región y que «amenaza con restringir el espacio logrado a lo largo de muchos años de trabajo y lucha» por lo que no escatimará en esfuerzos para alcanzar un mejor escenario».
«Pero quizá sea el bienestar emocional de las personas el principal damnificado por la política emprendida por el Ejecutivo regional», subraya. Los profundos cambios a los que la situación económica obliga a enfrentarse, explican desde Colegio Oficial de Psicólogos, «hacen preciso un importante esfuerzo de la población para adaptarse a una sociedad con cada vez más exigentes y variadas demandas situacionales debidas al desempleo, aumento de los impuestos, coste de la vida o a los recortes de los derechos sociales». «Todos estos factores», según los psicólogos, «facilitan que aumente el estrés sufrido por las personas y familias debido a sus dificultades o incapacidades para afrontar autónomamente situaciones vitales cada vez más precarias e inestables, con riesgos como la posibilidad de perder sus viviendas o sus empleos, que facilitan numerosos problemas personales, familiares y de pareja relacionados, entre otros, con crisis de ansiedad, problemas de sueño y abundante psicopatología ansiógena y depresiva».
El COP-CLM asegura que los recortes presupuestarios no sólo incluyen un perjuicio al profesional y a la profesión, en el sentido de que se minusvalora el importante trabajo que dichos profesionales ofrecen a la sociedad, «sino que además, impiden la implementación y el desarrollo de instrumentos que en estos momentos tan difíciles son más necesarios que nunca, pues se trabaja con poblaciones que son especialmente vulnerables en momentos de crisis».
«La supresión progresiva de la red de apoyos con la que el ser humano cuenta, y en particular, aquellos que inciden más en su salud mental y su bienestar emocional, facilita el desempoderamiento del individuo y acrecienta su frustración, disminuyendo la tolerancia a sus estresares vitales, y facilitando problemáticas de violencia, drogadicción y aumentos de la conflictividad social en un momento particularmente delicado para la sociedad», dice el colegio.
Un rosario de casos
Según el Colegio, «Castilla-La Mancha ha pasado en poco más de un año de contar con una red de atención sanitaria y social diversa y bien estructurada a una situación de alarma generada por la supresión de servicios a lo largo y ancho de las cinco provincias». «La aparente funcionalidad del sistema», prosigue, «esconde miles de casos que invitan a pensar más bien en un escenario de saturación y mala gestión de los recursos existentes que no hace sino ahondar en los efectos perniciosos de la crisis y en la sensación de indefensión de los ciudadanos».
«Por poner algunos ejemplos, la reorganización del Sescam y la privatización de Sanidad ha supuesto que numerosos psicólogos clínicos hayan perdido su plaza en un momento en el que está demostrado que la presencia de dichos profesionales en el engranaje sanitario puede suponer numerosos beneficios para el paciente y un mejor aprovechamiento de los recursos existentes», detallan.
«Como consecuencia de la esquilmación del tejido público y privado de apoyo social, los Centros de la Mujer, residencias de la tercera edad, asociaciones sin ánimo de lucro como las dedicadas a enfermos de Alzheimer o enfermos mentales, fundaciones y organismos que venían desarrollando una labor fundamental con poblaciones en riesgo de exclusión social o fácilmente vulnerable, han visto mermada su funcionalidad y se han visto condenados al ostracismo», denuncian desde el COP-CLM. «Por no hablar de la drástica reducción en el número de programas auspiciados por la Administración y que de igual forma han caído en el olvido más absoluto».
También en otros ámbitos como el de Justicia «se han producido situaciones alarmantes ya que actualmente hay plazas por cubrir en áreas como el Instituto de Medicina Legal o en los equipos de menores». En estos casos, «la solución no es otra que la omisión y consiguiente carga extra de trabajo para el personal restante, no siendo en la mayoría de los casos su ámbito de actuación y provocando retrasos en el peritaje y la emisión de informes», sostiene el colegio.
«Por consiguiente -concluye- la ausencia de la figura del psicólogo en el sistema público supone un enorme perjuicio, no solo al bienestar emocional del ciudadano, sino también a su capacidad de autogestión y empoderamiento de cara a afrontar cualquier conflicto por lo que si se continúa dificultando a la ciudadanía, el contar con el apoyo psicológico necesario, aumentará progresivamente la conflictividad social».
