El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha destacado durante el debate sobre estabilidad presupuestaria en las Cortes regionales que “la reducción del déficit en más de seis puntos durante 2012 se ha logrado manteniendo unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos, y al mismo tiempo sin argucias contables y sin dejar ninguna factura en el cajón”.
En concreto, tal y como anunció la presidenta Cospedal el martes, Castilla-La Mancha ha conseguido reducir el déficit del 7,7% del PIB que tenía a cierre de 2011 hasta el 1,48% en 2012, pasando de 3.000 millones de desequilibrio presupuestario en 2011 a 550 millones de euros en 2012.
“Este ejercicio de reequilibrio de las cuentas públicas se ha llevado a cabo de manera responsable y con la máxima sensibilidad social. Sin cerrar ni un solo hospital, ni un solo centro de salud, ni centro de mayores o discapacitados, ni una sola escuela pública de la Junta de Comunidades”, ha dicho el consejero. “Eliminándose, eso sí, el despilfarro y los gastos superfluos”.
Romaní ha detallado todas las medidas que se han tomado desde el Gobierno regional para reforzar los mecanismos de control interno y de contabilidad pública. Entre ellas, el refuerzo y modificación de la función interventora para la fiscalización previa de contratos y subvenciones.
Además, se ha eliminado el gasto desplazado que se generaba año a año, hipotecando las cuentas públicas desde su inicio. Se ha puesto en marcha el enlace entre el Registro Único y el Registro de Facturas, y se ha establecido la obligatoriedad de que todos los funcionarios de la Junta registren, en un plazo de dos días desde su recepción, cualquier factura en el Registro Único de Facturas.
“El aumento desbocado del déficit no produce crecimiento”
El consejero de Hacienda ha argumentado que las “políticas pasadas de aumento desbocado de déficit y deuda pública de los últimos años no tuvieron efectos positivos en la riqueza o en el grado de desarrollo para los castellano-manchegos”.
Las políticas de gasto desmedido adoptadas por el anterior Gobierno entre 2009 y 2011 dieron como resultado los siguientes indicadores: Un mayor porcentaje de reducción de número de afiliados a la Seguridad Social, en concreto del 6,5% frente al 5,6% de media nacional.
Paralelamente, en ese periodo se produjo un incremento del número de parados del 60% frente al 50% de media en España, además de una reducción del número de autónomos del 8,5% frente al 7,6% a nivel nacional.
El PIB per cápita de la región durante la década de 2000 a 2010 también sufrió, tal y como ha detallado Romaní. Castilla-La Mancha no sólo se sitúa por debajo de la media de España en todo este periodo, sino que es la última en el pelotón de cola. “Es decir, menor riqueza y convergencia de nivel adquisitivo para los castellano-manchegos”, ha asegurado.
Por el contrario, lo que se sí creció fue el tamaño de la Administración. El número de asalariados del Sector Público Regional se incrementó desde 2009 en 12.100 personas, lo que supone un incremento del 7,8% frente al 6,2% a nivel nacional.
“Consecuencia de ello ha sido la creación de una Administración Regional, sobredimensionada, ineficiente e improductiva, además de una administración paralela altamente costosa, cobijada en el mastodóntico sector público regional”, ha aseverado el consejero.
