CSI·F pide a la Junta que aclare si venderá montes públicos a empresarios forestales

El sindicato CSI·F ha mostrado su preocupación ante los indicios de una posible intención del Servicio de Montes y Espacios Naturales, dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de sacar a la venta varios montes regionales incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, «ya que podría llevar aparejada la pérdida irreparable de empleo público y de efectivos ocupados del cuidado de nuestra masa forestal».

Valle de AlcudiaCSI·F opina que esta intención de la Junta, en caso de confirmarse, «supondría un verdadero atentado al medio ambiente y un riesgo para la estabilidad de los puestos de trabajo de los funcionarios especializados en la gestión de terrenos forestales y conservación de la naturaleza».

Para CSI·F considera este propósito de la consejería de Agricultura como «una privatización del sector público». Además, sostiene que el plan, con la exclusión de un 20% ó un 30% de los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, «iría contra la legislación vigente, que establece que los montes de dominio público o demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables».

Explicación oficial

Para CSI·F, “la exclusión de montes del Catálogo de Montes de Utilidad Pública solo procede si estos hubiesen perdido las características por las que fueron catalogados y fuera irreversible la recuperación de los mismos, por lo que se requiere una explicación pública, oficial e inmediata, para desmentir la venta de dichos montes de Castilla-La Mancha».

CSI·F se está haciendo eco de la «zozobra» que están viviendo estas noticias o rumores los profesionales dedicados a cuestiones forestales y medioambientales, por lo que pide a la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, que aclarare cuanto antes cuáles son los planes de su departamento al respecto y que confirme el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, «para que los empleados públicos afectados no se sientan amenazados por la política de privatizaciones del gobierno regional».

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