El portavoz municipal de IU, Gregorio Sánchez, ha presentado esta tarde en rueda de prensa un borrador de Plan Municipal contra los desahucios y los problemas sociales que agravan. Sánchez ha señalado que «con el estallido de la crisis, la precarización del empleo, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del paro, miles de personas han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades básicas, y entre ellas, el pago de la vivienda habitual de una familia, y esto no sólo supone la pérdida de la vivienda familiar, con todo lo que eso supone, sino también, de una condena financiera de por vida».
«Se trata de una situación profundamente injusta. Y es necesario reaccionar para evitar que todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario, y en cambio, las entidades financieras, que son una parte responsable de esta crisis en buena medida, y sobre las que el Gobierno ha planteado un rescate con dinero público, mantengan su posición de fuerza en la ejecución hipotecaria cuyo resultado es la pérdida de la vivienda y el endeudamiento de por vida para miles de familias», señala Sánchez.
Según IU, «los Ayuntamientos somos las instituciones más próximas al ciudadano y, por tanto, vivimos el día a día de los problemas y las consecuencias personales y sociales que la crisis, aunque ha preferido llamarla estafa, están provocando, y aún reconociendo las dificultades y limitaciones para actuar desde el ámbito municipal, creemos que es imprescindible un pronunciamiento desde la Corporación en Pleno ante esta injusta y gravísima situación».
El portavoz municipal de IU pretende implicar al resto de grupos, como ya anunció en el pasado Pleno, y aunar voluntades, «exigiendo al Gobierno regional y nacional que actúen, y a la vez, asumiendo, también, la responsabilidad de actuar en la parte que nos toca; para lo que ha propuesto una serie de actuaciones sobre las que empezar a trabajar».
Entre las actuaciones estarían la creación de un grupo de trabajo con la presencia de los grupos políticos municipales y agentes sociales del municipio para aprobar, coordinar y buscar alternativas a las familias afectadas por desahucios; la aprobación de un protocolo de actuación en casos de desahucio, y colaboración con el objeto de solicitar al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual; la puesta en marcha de diferentes iniciativas frente a las entidades financieras que mantengan los desahucios, como pueda ser la retirada de depósitos; aprobar un Plan Municipal de Empleo de rehabilitación de viviendas de titularidad municipal o disponible en una Bolsa Municipal para Alquiler Social; y la recogida de información, reclamaciones y demandas de los ciudadanos afectados a través de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) y mediación con el fin de facilitar la reestructuración, quita, control de intereses, dación en pago con alquiler social y denuncias sobre el incumplimiento del Código de Buenas Prácticas, entre otras.
