Carmen Soánez Contreras.Portavoz municipal de IU Ciudad Real– Quieren hacer ver el gobierno del PP que son necesarias las reformas que está llevando a cabo para garantizar el adecuamiento a la ley de estabilidad presupuestaria. Pero la realidad es que lo q van a conseguir es eliminar de un plumazo el derecho constitucional de las entidades locales del PRINCIPIO DE AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA LOCAL, la AUTONOMIA LOCAL Y SU ASIGNACIÓN COMPETENCIAL. 
Para empezar se propone eliminar del texto la referencia al principio de asignación competencial basado en la proximidad de la gestión a los ciudadanos.
Ya se venía pidiendo desde hace años que esta ley de bases fuera modificada pues desde el 1985 que se aprobó ha ido quedando obsoleta en cuanto a la experiencia de gestión adquirida en estos casi 30 años y por que las necesidades de dar cumplimiento a la necesidad de modificar para ampliar la financiación local por entender que la necesidad de buena dotación presupuestaria a las administraciones locales asegura un buen servicio a la ciudadanía desde su administración más cercana.
Es un ataque frontal al municipalismo a la vez que un reconocimiento a las diputaciones entendiendo desde IU como instituciones obsoletas, las menos democráticas ya que no son elegidas por el soberano sino por las cupulas de los partidos políticos correspondientes y que sí duplican funciones entre entes locales y autonómicos.
Así los municipios de menos de 20 mil habitantes tienden a desaparecer, volveremos a tener ayuntamientos como en épocas pasadas donde el alcalde era elegido por el gobierno como un simple delegado de funciones que le imponian desde altas esferas.
Si afecta a los servicios en general municipales los que más afectarán a la sociedad de los pequeños municipios son los que atañen a los servicios sociales, a las políticas de integración de la mujer, en la educación –peligran las escuelas infantiles centros de atención a la infancia- que también limita en gran medida la posibilidad de la incorporación de la mujer y/o al hombre a la vida laboral activa, impidiendo la conciliación de la vida laboral-familiar.
Habla entre los articulos que modifica 14, de si los servicios son o no rentables financieramente, deben ir acompañados de memoria económica y si no son rentables, se dejaran de prestar.
Limita el ejercicio de iniciativas públicas para el ejercicio de actividades económicas se obliga a presentar un estudio de mercado que analice la ofergta existente sobre la materia a prestar y que no afecte a la concurrencia empresarial. Defensa de la prestación de servicios privados contra la destrucción de los servicios públicos. Aunque estas iniciativas se aprobaran en Pleno municipal tienen que llevar el visto bº de la CCAA e incluso del Estado.
Se exige antes de comenzar la prestación de cualquier servicio básico se fijaran los “standardes de calidad” para estos servicios, ya conocemos los standards del PP viendo los estudios realizados en los hospitales que terminan privatizando sus servicios para mejorar la asistencia –aunque en ocasiones nos encontremos como el caso en el Puerta de Hierro Madrid, que se esté pagando las nóminas al personal de la empresa que ha venido solo a recoger beneficios-.
Se limita a la potestad de suscribir cualquier contrato o convenio sin que esté efectivamente asegurada su sostenibilidad, que no genere riesgo para la sostenibilidad financiera. Si estos servicios son obligatorios para ente local se “podrá privatizar” garantizando esto que será beneficioso para el municipio, para los perceptores de dicho servicio o para quien.
La valoración de este estudio economicista de la atención a personas, en muchos casos desfavorecidas con problemas socio-economicos severos, con problemas de empobrecimiento sobrevenido por la situación de crisis actual, usuarias de servicios sociales, nos preocupa en especial ya que van a ser quienes sufran en primera persona este visión restrictiva y que da una vuelta de tornillo más a la potestad municipal en su capacidad política y de gestión.
Que va a dejar en manos privadas la inmensa mayoría de los servicios básicos, que cubren los derechos fundamentales reconocidos en la constitución como sanidad, educación, servicios sociales, políticas de igualdad, de integración.
Establece una jerarquia entre administraciones no reconocida en la constitución y rompe la definición de la estructura territorial de España. Camina en dirección contraria esta pretendida reforma de las peticiones que IU viene haciendo sobre más autonomia, claridad competencial y más financiación con la que poder atender las necesidades.
Prohibir a los municipios de menos de 20 mil habitantes, la inmensa mayoría de los nuestros en esta región y provincia, por decisión de las CCAA a poder prestar sus servicios mínimos, atenta contra la autonomia local y relega al munco municipal a un papel residual en el papel de político de gestión.
El control tan exhaustivo en las acciones municipales por parte de las administraciones superiores, pretende que no se lleven a cabo las iniciativas públicas y poner coto a la actividad municipal de esa forma. Primando el interés particular – es decir si se presta el servicio desde el ámbito privado no es necesario desde el público- . Vulnera a nuestro entender el art. 142 de la CE, : Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. Por lo que habrá
