Carmen Soánez Contreras. Portavoz municipal de IU Ciudad Real.- Ayer el PSOE de Ciudad Real dio a conocer que posee pruebas documentales de que la alcaldesa de Ciudad Real recibió sobresueldos entre 2002 y 2003. Desde Izquierda Unida de Ciudad Real y al margen de las valoraciones políticas que podamos hacer a este respecto, preferimos esperar a que la cada vez más injusta justicia española tome cartas en el asunto.
Por otro lado queremos dejar claro que la corrupción en este país no depende de la honestidad de los políticos, sino de un sistema corrupto que propicia la aparición de este tipo de casos y de redes clientelares.
Aunque valoramos muy positivamente que la alcaldesa de Ciudad Real haya renunciado a su sueldo como tal y sólo disfrute del que le corresponde como diputada, lo cierto es la implicación de PP y PSOE en la lucha contra la corrupción y por una mayor transparencia podría ser mucho mayor.
La decisión de cobrar un solo sueldo no debe ser tomada por cada individuo, la ley debe exigir que sea así siempre. Es necesario también instaurar de forma inmediata un salario máximo en la administración equivalente a diez veces el salario mínimo interprofesional. En este tope deben computar también los salarios y sueldos provenientes de las propias organizaciones políticas.
Por último cabe indicar que los procesos de privatización y la reducción del peso del estado en el conjunto de la economía favorecen la corrupción en tanto que la decisión de privatizar, generalmente en sectores en los que la competencia es escasa o nula, es personal.
La decisión del político neoliberal de turno deja claro quién ha posibilitado el negocio privado con dinero público. Una circunstancia que facilita la aparición de primas, subvenciones, sobres, sobornos y todo tipo de asaltos al erario público democrático.
Teniendo en cuenta esta circunstancia la alcaldesa podrá demostrar que no ha cobrado sobresueldos, o que estos eran legales (aunque amorales), pero sí es culpable (por ejemplo) de privatizar el servicio de vigilancia del Ayuntamiento de Ciudad Real o el de parques y jardines en las que constituyen operaciones de alto coste para el Consistorio y gran beneficio para la empresa adjudicataria.
Todo aquél o aquella que haya percibido sobre-sueldos «legales» lo puede justificar presentando las correspondientes declaraciones de Hacienda, fácil.
Que en el caso de Rosa Romero y el resto de su partido los tienen declarados… pues ¡¡Zaaaaas!! en to la boca de quienes los están poniendo a parir buscando rédito político…, que no lo tienen declarado pues ¡¡Zaaaaas!! en to la boca de los sinverguenzas y denuncias al canto más la exigencia de dimisiones por doquier de los defraudadores correspondientes, máxime si estuvieran haciendo alarde de honradez, sin serlo.