El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha explicado, al término del Consejo de Gobierno, que éste aprobaba, a través de diferentes órdenes y decretos, ayudas para la atención a los colectivos más vulnerables como dependientes, mayores, menores, viudas, familias, ayuda humanitaria y emergencia social. “Son medidas que intentan favorecer la calidad de vida de las personas que más lo necesitan en nuestra sociedad, por eso hay que poner en valor que la presidenta Cospedal ha priorizado desde el primer momento a las personas”, ha asegurado el consejero.
El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el decreto de régimen jurídico que regula, por primera vez de forma conjunta, los servicios a domicilio en Castilla-La Mancha. Solo en ayuda a domicilio para personas dependientes y no dependientes y teleasistencia, la previsión presupuestaria es superior a 40 millones de euros, de los que, en torno a 33 irán destinados a ayuda a domicilio.
Mediante este decreto se suscribirán los convenios correspondientes con las entidades locales y se regulará la organización de la gestión directa de los servicios de atención domiciliaria. Por primera vez, integrará los servicios tradicionales de ayuda a domicilio e incluirá comidas y lavandería.
En este mismo ámbito, el Consejo de Gobierno ha aprobado también las bases reguladoras de subvenciones a entidades privadas, de iniciativa social, para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de personas con discapacidad.
Para ello, se van a destinar 39,6 millones de euros para cofinanciar gastos y mantenimiento de centros ocupacionales, centros de día, viviendas de apoyo, residencias y CADIG, y centros de desarrollo infantil y atención temprana; y también para programas y proyectos que desarrollen acción tutelar sobre personas con discapacidad o en situación de dependencia, mediación de personas con discapacidad sensorial o inclusión de personas con discapacidad.
Familias numerosas, familias de acogida y menores
Junto al respaldo a la discapacidad, el Gobierno regional ha aprobado también ayudas por valor de 9,5 millones de euros a familias numerosas y familias de acogida. En el caso de las familias numerosas, el Gobierno dedicará más de siete millones de euros, que se estima que podrán distribuirse entre cerca de 15.000 familias de Castilla-La Mancha. Podrán beneficiarse familias numerosas con hijos menores de 18 años. En esta misma orden se contemplan las ayudas para familias acogedoras a las que la Junta destinará este año 2.450.000 euros. Para este ejercicio, la previsión es que 502 familias acojan a 652 menores cuya guarda o tutela la tiene la Junta de Comunidades. Estas familias ofrecen a estos menores una atención sustitutiva o complementaria en un contexto familiar o de convivencia adecuado.
En este mismo paquete de subvenciones también se han aprobado ayudas por 21,2 millones de euros a la atención de menores en tutela (centros y programas de actividades). Hay 16 entidades de la región que cuidan y tratan de reintegrar socialmente a unos 580 jóvenes en plazas residenciales.
Además el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las ayudas destinadas al mantenimiento de las Condiciones Básicas de Vida para 2013. Se trata de una ayuda económica para atender situaciones de necesidad o desventaja social en la que se encuentran algunas personas cuyo cónyuge, o persona con quien mantenía análoga relación de afectividad o familiar y de la que dependían económicamente, ha fallecido. Son personas que no están en disposición de conseguir con sus ingresos mantener unas condiciones de vida básicas en su hogar habitual después de sufrir esta pérdida. Las cuantías a percibir estarán en función de sus ingresos íntegros anuales y la cantidad total asignada a estas ayudas es de 1.950.000 euros.
Por último, el Gobierno ha dado el visto bueno a la convocatoria de ayudas de emergencia social de extraordinaria o urgente necesidad o vinculadas a la vivienda para 2013, que ascenderán a más de 2,7 millones de euros. Se trata de una prestación económica no periódica, excepcional, irrepetible, por razones humanitarias y cuyo importe se modulará en función de cada necesidad.
