Nota de prensa de Izquierda Unida.- Ante la reciente actuación del Servicio de Inspección Educativa de la Consejería de Educación de Castilla La Mancha en Cuenca, referida al expediente disciplinario y la posterior sanción a un profesor de instituto en Cuenca por informar a sus compañeros vía correo electrónico de las novedades educativas de este curso, consistente en 10 días de suspensión de empleo y sueldo, el Área Regional de Educación de Izquierda Unida en Castilla La Mancha pide la dimisión del máximo responsable de estos hechos, Francisco Carrascosa, Coordinador de los Servicios Periféricos de Educación en Cuenca.
Desde el inicio del presente curso escolar se han despedido más profesores que en el curso pasado y se ha aumentado el número de alumnos por aula. Estas dos medidas, que no han sido las únicas ni las últimas, suponen un empobrecimiento de la educación pública como si viviéramos en los tiempos de la dictadura franquista.
Son medidas cuyas consecuencias a corto y a largo plazo conocen perfectamente los profesionales de la educación y por ello reaccionan informando y advirtiendo del deterioro irreversible que tendrá para varias generaciones de alumnos y alumnas si no se impiden. También deberían saberlo los máximos responsables que aceptan cargos políticos en este ámbito – la educación pública- como es el caso del Coordinador y de la Directora del centro, profesores antes que cargos políticos. Ellos han consentido y permitido que se inspeccione a un profesor por usar el correo electrónico del instituto para difundir un resumen de lo acordado en Comisión de Coordinación Pedagógica en su centro.
Para Izquierda Unida lo que constituye una auténtica inmoralidad es cambiar las leyes, incluidas las de educación, para satisfacer objetivos puramente economicistas al margen de la ciudadanía, en este caso, al margen de la educación de calidad de nuestro hijas e hijos. Están permitiendo, con las medidas antes citadas, que el alumnado con algún tipo de necesidad no pueda ser bien atendido, que el profesorado no conozca ni el nombre de sus alumnos ya que en algunos casos tiene que atender a más de doscientos, que los centros se caigan de viejos y no reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad como la calefacción o la limpieza.
El alumnado de FP no dispone del material suficiente ni actualizado para su formación, el de bachillerato apenas cabe en el aula y pocos pueden realizar prácticas de laboratorio. Bibliotecas y aulas de internet permanecen cerradas por falta de profesorado impidiendo las ayudas al estudio por las tardes.
Las bajas del profesorado no se cubren, a menos que sean de más de un mes, lo que supone que hay grupos sin profesores un tercio del tiempo de la evaluación. Los equipos directivos disponen de menos horas y menos personal para la organización del centro. Hay déficit en los presupuestos anuales resultando afectado, entre otras cosas, el dinero para actividades extraescolares y complementarias.
En todas las etapas de la educación hay enormes dificultades causadas por la administración, desde infantil a la universidad y, aún así, a lo que se dedica la inspección educativa es a abrir expedientes y sancionar a los profesionales que dicen lo que pasa en los centros con el único fin de que la ciudadanía lo sepa y reaccione para que la educación de los más pequeños sea la adecuada. La inspección y sus responsables están para velar por el buen funcionamiento de la educación pública no para hacer de esta una ruina y facilitar el camino a la privada.
