El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha demandando a las administraciones sanitarias por entender que la decisión de no abonar a los trabajadores la paga extra de diciembre vulnera derechos establecidos en la Constitución española y la legislación laboral aplicable.
La presentación de los correspondientes recursos administrativos será realizada a partir de hoy, día 14, de manera coordinada con el resto de organizaciones que forman parte de la Plataforma Sindical de Empleados Públicos, siguiendo el acuerdo alcanzado con todas ellas en las últimas semanas del pasado año, y una vez que se ha consumado de manera efectiva el no abono de la paga.
El Sindicato de Enfermería considera que la supresión de la paga extra de diciembre ha supuesto una nueva agresión a los derechos laborales de los trabajadores y contra los servicios públicos. En concreto, los recursos administrativos aluden a una vulneración de los artículos 9 y 33 de la Carta Magna, así como a lo establecido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales.
En el caso del personal laboral, dada la mayor complejidad existente por la multiplicidad de convenios afectados, se presentarán conflictos colectivos, mientras que en el caso del personal estatutario y funcionario se presentarán reclamaciones conjuntas en el sector sanitario y en los demás, y en cada provincia.
Según el Sindicato de Enfermería, los empleados públicos no pueden seguir siendo perjudicados gravemente por una serie de decisiones administrativas que tienen un mero afán recaudatorio y cortoplacista, y no de mejora real de los servicios.
Asimismo, la organización sindical critica que los responsables políticos sigan haciendo oídos sordos a la opinión generalizada de los profesionales y usuarios de la sanidad en contra de los recortes indiscriminados, y mantengan su estrategia de reducir el déficit a costa de los derechos y de los sueldos de los trabajadores.
El Sindicato de Enfermería confía en que los tribunales acaben dando la razón a los profesionales y que ello suponga un punto de inflexión para la recuperación de derechos y condiciones laborales de los empleados públicos, a los que cada día se lo ponen más difícil para poder asegurar a los ciudadanos el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad .
