El coordinador regional de Izquierda Unida de Castilla la Mancha, Daniel Martínez, ha asegurado hoy que la formación de izquierdas estudia una posible querella contra el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús labrador, por sus intentos de «criminalizar y sancionar las protestas ciudadanas». La provincia de Ciudad Real no ha sida ajena a procesos sancionadores. Hace sólo unos días la Subdelegación del Gobierno incoaba expediente sancionador a un joven por grabar a la Policía Nacional, y aún están pendientes de resolución las sanciones a otros tres estudiantes que se manifestaron a las puertas de Universidad regional durante la pasada convocatoria de huelga general.
El coordinador regional de IU ha asegurado que su organización estudia todas las vías legales y judiciales a su alcance «para que el Partido Popular abandone esta estrategia de sanciones y multas y sean archivados los procedimientos abiertos, porque de lo contrario no descartamos ampliar al delegado en Castilla la Mancha, Jesús Labrador, la querella que nuestra formación a interpuesto en Madrid por estos mismos hechos”. «IU estará al lado de todas las personas afectadas, que ejerciendo un derecho personal y constitucional, han salido a la calle contra las medidas injustas de este Gobierno”, ha remarcado el coordinador regional.
Martínez ha mantenido durante el día de hoy una jornada de trabajo en Talavera de la Reina junto a Ricardo Sixto, diputado de IU en el Congreso y representante del Grupo Parlamentario en la Comisión de Justicia e Interior.
Durante la rueda de prensa la secretaria de Organización de IU en Talavera, y afectada por uno de estos procesos sancionadores, Sonsoles Arnao, ha detallado que, “en Talavera suman un total de 20 personas las afectados por sanciones administrativas y denuncias policiales, y en Toledo alrededor de 14 personas. En el conjunto de la provincia, según la información ofrecida por la propia Delegación del Gobierno hay 60 procesos sancionadores abiertos (teniendo en cuenta que hay personas que tienen más de uno)”.
La secretaria de Organización de IU en Talavera ha comunicado igualmente que, “la Delegación del Gobierno está contestando a las alegaciones presentadas ante las sanciones, manteniendo las denuncias en los mismos términos y rebajando la cuantía de las multas, en un ejercicio de interpretación rocambolesca de la ley y una tomadura de pelo a la ciudadanía que se manifiesta contra las políticas antisociales del PP”.
La provincia de Ciudad Real no ha sida ajena a procesos sancionadores. Hace sólo unos días la Subdelegación del Gobierno incoaba expediente sancionador a un joven por grabar a la Policía Nacional, y aún están pendientes de resolución las sanciones a otros tres estudiantes que se manifestaron a las puertas de Universidad regional durante la pasada convocatoria de huelga general.
Finalmente, el parlamentario de IU en el Congreso, Ricardo Sixto, ha valorado la «situación de intimidación y represión que de forma consciente y deliberada está llevando a cabo el Ministerio de Interior y que se concreta en las múltiples sanciones y denuncias que a lo largo y ancho del país se están efectuando contra ciudadanos y ciudadanas que ejercen sus derechos libremente».
De esta manera, ha querido señalar que, “la ciudad de Talavera es, junto a Toledo, los lugares donde más procedimientos sancionadores y denuncias se han producido en Castilla la Mancha. Y en el conjunto del Estado, la provincia de Toledo es, junto a Valencia y después de Madrid, de las que más afectados tiene por estos hechos. El Partido Popular ha decidido criminalizar la protesta e indignación ciudadana, que resulta lógica, teniendo en cuenta la espiral de desmantelamiento de nuestro modelo social y pérdida de servicios públicos”, ha manifestado Ricardo Sixto.
El diputado de IU en el Congreso mantendrá un encuentro con miembros de la Plataforma talaverana en defensa de los Servicios Públicos y otras personas afectadas por denuncias y sanciones para concretar algunas iniciativas que se pueden llevar a cabo ante lo que él ha afirmado como “un atropello por parte del gobierno que interpreta la ley de forma torticera para hacer responsables de una concentración a personas que, simplemente, estaban allí, ejerciendo un derecho individual, y que nada tienen que ver con los convocantes de la misma”.
Igualmente ha asumido su compromiso de estudiar la ampliación de la querella al delegado de Gobierno en Castilla la Mancha ante el aumento de estas sanciones y la «negativa y cerrazón del PP» por mantener una «estrategia de miedo y represión sobre la ciudadanía».
Si nos recortan derechos y además nos ponen cortapisas al derecho a manifestarnos, no están negando el derecho al pataleo. Esta gente se cree que porque las urnas les sean favorables tienen el poder de cortarnos la lengua.
El derecho de reunión y manifestación se encuentran protegidos por la Constitución. Cuando se pisotea este derecho se pisotea al Estado de Derecho en su conjunto.
Razón tienes. Yo me iré de manifestación cuantas veces quiera. Si además de sangrarme a base de impuestos, si ahora me dejan parada también no voy a hacerles la ola a estos gobernantes.