Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) las recientes medias impulsadas por el Gobierno sobre el absentismo están «injustificadas y absolutamente fuera de lugar, argumento avalado por los datos del Instituto Nacional de Estadística, que establecen que el absentismo en el sector público a lo largo del tercer trimestre de 2012 fue del 1,75 por ciento, respecto al 1,76 del sector privado», por lo que CSI·F reclama que se elimine la actual penalización.
La instrucción de Jornada y Horarios, publicada el pasado 29 de diciembre, penaliza con reducción de retribuciones las situaciones de baja que no comporten incapacidad temporal (las enfermedades leves, como catarros o lesiones que no requieren baja médica).
CSI-F entiende que esta orden es una nueva vuelta de tuerca sobre los derechos de los empleados públicos y contribuye a difundir la idea falsa de que el absentismo es mayor en la administración. Por otra parte, las medidas sobre la incapacidad temporal, entraron en vigor el 15 de octubre.
Los datos del INE «desmontan esta tesis y evidencian que las ausencias al trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal son muy similares en ambos sectores». «Además, el descenso en el absentismo se debe fundamentalmente a la situación económica que atraviesa el país». Por otra parte, añaden desde CSI·F, «es preciso llamar la atención en que los nuevos criterios del Gobierno van a dar lugar a situaciones indeseadas, dado que por no perder dinero de su nómina, empleados públicos como médicos, policías, o profesores, entre otros, van a acudir a su puesto de trabajo en condiciones físicas mermadas e incrementando el riesgo de contagio».
Según CSI-F, las administraciones tienen instrumentos para perseguir a aquellas personas que de manera injustificada se ausentan del trabajo y por tanto, no es necesario que vuelvan a pagar justos por pecadores. En este sentido, CSI-F propondrá el impulso de criterios objetivos para evaluar la productividad de los empleados públicos, así como un nuevo plan de reordenación de empleo, en el marco de la futura reforma de la Administración Pública que prepara el Gobierno.
