UPyD de Castilla-La Mancha ha reclamado al Ejecutivo Autonómico un cambio de rumbo en la política desarrollada con los empleados públicos de la Junta, empezando este giro por la paralización definitiva del despido de funcionarios interinos, «que han llevado a que la Junta de Comunidades en el primer año del gobierno de Cospedal, ostente el triste record de ser el Gobierno Regional, que tanto en términos porcentuales como en absolutos, más empleo público ha destruido en el conjunto de España (con un descenso del 53% y cerca de 9.000 interinos menos)».
«Esto datos son hasta julio del pasado año, por lo que sin duda van a incrementarse, dado que durante el segundo semestre de 2012 se ha continuado despidiendo a funcionarios interinos», lo que en palabras de Celia Cámara, Coordinadora Regional de UPyD, «resulta escandaloso, no sólo por el despido de estos empleados públicos, sino porque se está haciendo sin ningún criterio de ordenación racional y objetiva de la Administración y porque está suponiendo de facto una disminución de la cantidad y calidad de los servicios públicos a los que tienen derecho todos los ciudadanos, ya que el descenso de estos profesionales está afectando principalmente a servicios públicos fundamentales, como los servicios sociales, educativos o sanitarios».
La formación magenta ha indicado también que teme que en este año 2013 continúe el goteo incesante de despido de interinos, sobre todo del sector sanitario o «los que se pueden producir este mes de enero como consecuencia de la recolocación en las distintas unidades administrativas de los funcionarios de carrera (unos 100) de las desaparecidas Oficinas Provinciales de Prestaciones del SESCAM y los que pudieran darse cuando se lleve a cabo la reorganización del ya extinto SEPECAM».
Para Cámara, «lamentablemente se está cumpliendo al final la Instrucción 5/2012 de la Dirección General de la Función Pública de la Junta del pasado verano, por la que se planteaba la supresión del 80% de los funcionarios interinos de la Junta, pese al desmentido rotundo del Consejero de de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban; contrasta esta decisión», continua Cámara, «con la escasa reducción del abultadísimo número de asesores externos o del personal de alta dirección de la Administración Regional».
Finalmente, UPyD reclama también al Gobierno Regional del PP que cese en su política de recortes en los derechos sociales y económicos de los empleados públicos de la Junta, modificando urgentemente la actual regulación de las prestaciones por incapacidad temporal (que supone una clara discriminación de los funcionarios autonómicos con los del resto de las Administraciones Públicas); que no se suprima el Programa de Acción Social (ayudas por guardería y comedores escolares de los hijos del personal de la Junta), y que restaure definitivamente la totalidad del complemento específico que fue recortado el pasado año en un 10%, «pues ya han soportado los empleados públicos una pérdida del poder adquisitivo cercana al 30%».
