Fernando Mora Rodríguez. Politólogo. Diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha..-“No hay ningún ejemplo en la historia de las Revoluciones de una Asamblea que no haya sido la primera víctima de la violencia revolucionaria que ella misma aceptó legalizar “ . Curzio Malaparte.
El 18 de Brumario del año VIII (1799) Napoleón Bonaparte subvirtió legalmente el orden constitucional establecido en Francia por la Revolución, doblegando la voluntad de los representantes de la soberanía nacional. Lo peculiar de esta actitud de Bonaparte fue que tal propósito lo hizo de manera “aparentemente legal”, arguyendo que “pretendía acabar con la corrupción del anterior Gobierno “( ¿les suena ? ) de tal forma que fue la propia Asamblea de los Quinientos quién tomó la decisión de atender los propósitos del General, eso sí, bajo una irremediable coacción, a la que ayudó su hermano Luciano Bonaparte, Presidente de la misma. O votaban a favor de lo que proponía o la Asamblea quedaría disuelta.
Napoleón, hombre listo, necesitaba de la apariencia legal para conseguir sus propósitos. Necesitaba que la Asamblea legitimase su “nuevo orden”, el que le posibilitaría primero ser primer cónsul y luego Emperador. Una intervención militar en la Asamblea solo daba legitimidad a la fuerza, que no era precisamente, el principio básico de legalidad, basado ahora en la soberanía popular, que había emanado de la reciente Revolución Francesa.
Pues bien, “mutatis mutandi”, y en unas circunstancias de crisis, María Dolores de Cospedal doblega la voluntad de las Cortes de Castilla-La Mancha para adoptar una decisión que recorta sustancialmente el ejercicio de la función representativa, es decir , quita de forma obligada la dedicación exclusiva de los parlamentarios a la tarea de representación de la soberanía popular.
En esta actitud bonapartista hay diversos elementos en juego. El primero de ellos la manifiesta aversión a la política y los políticos que se ha instalado en la sociedad. Segundo, piensa que adoptando una decisión de estas características obtiene rédito político, al centrarse en un discurso descaradamente populista como es el de “quitar el sueldo a los políticos”, y para ello se ampara en que bien pueden compatibilizar esta tarea con la propia de su trabajo.
Sin embargo, la actitud de Cospedal va más allá de las circunstancias concretas y aparentes de contestación populista a la crisis. Obviamente la crisis es profunda, pero ésta se combate con más democracia, mas diálogo, mas representación, más participación, más trasparencia, mejor y mayor control parlamentario y mediático. Pero todo esto es molesto para quién tiene que tomar decisiones muy duras e impopulares.
Pero lo grave de esta decisión solo provoca la desvirtuación de las instituciones y su desprestigio social al dejar de cumplir la función que legalmente se les tiene encomendadas, y muy particularmente en tiempos de crisis. Cuando miles de ciudadanos gritan en la calle “ ¡ no nos representan ¡ “ están poniendo en duda el sistema de representación política, y por tanto, cuestionando el conjunto del sistema. ¿Con ésta medida se calma o se convence a la calle de que los parlamentarios les representamos más?. Yo creo que no, sino todo lo contrario, da cauce a nuevas expresiones de contestación. Los ciudadanos quieren que el Parlamento ejerza, con más fuerza, el control político sobre el Gobierno, sobre quién toma las decisiones, y sin embargo se opta por lo contrario, que es invalidar el papel del Parlamento reduciéndolo a un control en los tiempos libres. Un Parlamento depauperado, y unos parlamentarios sin medios y sin tiempo para ejercer su papel y comunicarse con los ciudadanos, carecen de la necesaria capacidad de control.
Las Cortes de Castilla-La Mancha,-también otros Parlamentos, incluido el nacional -, se han caracterizado siempre por no cumplir de forma adecuada su función representativa, posiblemente por un exceso de intromisión del Gobierno en la agenda parlamentaria. Pero lejos de corregirse este déficit, se ha optado por incrementarlo, dando más protagonismo al Ejecutivo y reduciendo el papel del legislativo.
Mal síntoma es que el Presidente de las Cortes sea el número dos del partido en el Gobierno, que obviamente, lejos de mantener una actitud institucional escrupulosa toma partido por su propio Grupo y por el Gobierno que lo ha puesto,(como Luciano Bonaparte). Así, el Parlamento adecúa la agenda parlamentaria a la agenta de la Presidenta del Ejecutivo. A ésta, sus múltiples funciones la impiden incrementar su presencia parlamentaria que queda reducidas exclusivamente a los jueves por la tarde – ¡ y no todos ¡ -. Ese día, el Ejecutivo mantiene reunión por la mañana, mientras que en la tarde acude a los Plenos de las Cortes Regionales.
De esta manera no solo reduce la capacidad de control de la Cámara – a lo sumo cuatro preguntas al final de la tarde o primeras de la noche – y amortigua con ello el eco mediático del debate y las críticas de la oposición. Pero a ello se añade el enjuague permanente para limitar o alargar en el tiempo la comparecencia de los Consejeros, ya sea en Pleno o en Comisión; la dilación en las respuestas escritas a las preguntas de los parlamentarios, las evasivas a las mismas o la falta de diligencia en la tramitación de las preguntas orales, tratando de obviar la inmediatez respecto del evidente problema. Un Gobierno con escaso control parlamentario acabará cayendo en el despotismo absoluto. Ganan quienes ejercen el poder, pero pierde la democracia.
Pero además, la posición de María Dolores de Cospedal significa una intolerable intromisión del Gobierno en la acción parlamentaria al ser ella quien propone eliminar la dedicación exclusiva de los diputados a su función de representación política y, por tanto, de control. No es un problema de sueldos como se pretende hacer creer, ni de profesionalidad en la política – hay más políticos profesionales en el ejecutivo que en el legislativo -sino de representación. Pero además, esta intromisión propuesta, no por el propio parlamento, sino por el Gobierno es una forma de matar a Montesquieu y a un sistema de separación de poderes que es garantía de control democrático y pervivencia del sistema político. Un sistema de separación de poderes que cada vez es más cuestionado por quienes tienen poder en cualquier ámbito ya sea económico o político, y al que ayudan todos los Gobiernos, a los que molesta cualquier tipo de control parlamentario.
Parece más que evidentela dudosa pulcritud democrática de acallar a las minorías de esta manera. La democracia se sustenta en el respeto por parte de la mayoría a los derechos de las minorías.
Esta medida supone una vuelta al sufragio censitario propio del Siglo XIX, donde solo rentistas, funcionarios, profesionales liberales, empresarios o jubilados pueden tener acceso a la política. Es imposible que una empresa aguante a un trabajador – parlamentario que tenga que ausentarse dos o tres veces a la semana mínimo, para cumplir su función representativa por la presencia en Plenos o Comisiones, desplazándose incluso desde una distancia de 350 Km.
Pero es aún más inconcebible que una Comunidad Autónoma con un Presupuesto de cerca de 7.500 millones de euros no tenga el control parlamentario que ese volumen de dinero requiere, cuando justamente fue esto lo que dio origen al parlamentarismo.
