UPyD Manzanares.- La sanidad pública está sufriendo graves recortes disfrazados en ocasiones de «cambios en el modelo de gestión». El Gobierno ya introdujo un cambio muy peligroso cuando excluyó a los inmigrantes irregulares de la atención sanitaria, eliminando así el carácter universal que hasta ahora había tenido. Mientras tanto, algunas CCAA como Madrid y Cataluña empiezan a cobrar por receta extendida (una medida inconstitucional, si atendemos a lo dicho por el Consejo de Estado).
La crisis es una realidad que nadie puede obviar. Las finanzas públicas están gravemente menguadas, pero más allá de la justa exigencia de responsabilidades, cabe pedir a los poderes públicos que gobiernen con justicia.
Que no recorten en servicios esenciales sobre los que descansa la igualdad de todos los españoles al tiempo que renuncian a tocar estructuras obsoletas que sólo generan gasto superfluo.
UPyD ha dicho en repetidas ocasiones que si todas las CCAA se gestionaran con los criterios de las tres más eficaces y eficientes; si se fusionaran municipios y se suprimieran las diputaciones; si se eliminaran todos las empresas u organismos públicos de utilidad más que dudosa, entonces se produciría un ahorro en torno a 40.000 millones de euros anuales. Un ahorro permanente, estructural, que no dependería de la fase del ciclo económico y que permitiría reforzar aquellos servicios públicos que garantizan la igualdad y la cohesión social.
Frente a aquellos que prefieren mantener la desigualdad con tal de no tocar el modelo de Estado, UPyD pide su refundación con el fin de asegurar un principio constitucional tan elemental como la igualdad.
Unión Progreso y Democracia defiende la recuperación de las competencias en sanidad para la Administración Central del Estado.
UPyD ha denunciado los recortes del PP en un servicio público esencial mientras se renuncia a fusionar municipios, eliminar las diputaciones o suprimir entes superfluos. Y el PSOE más de lo mismo. Apoltronados en las Diputaciones.
UPyD lleva años recordando que si se llevaran a cabo medidas de este tipo, se produciría un ahorro de 40.000 millones al año, lo que permitiría mantener los servicios que garantizan la igualdad entre los españoles.
