La diputada regional del PSOE por la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha anunciado que los socialistas pedirán al Gobierno de Cospedal que pare los procesos de desahucios que tiene que llevar a cabo la propia Junta en las viviendas que son de su propiedad, ya sean en régimen de alquiler o compra, a todas aquellas personas que se encuentren en situación de insolvencia sobrevenida y que hasta entonces venían cumpliendo con sus obligaciones.
Una reclamación en forma de Proposición No de Ley (PNL) en la que, además, Fernández ha vuelto a exigir al Ejecutivo regional que ponga las 800 viviendas públicas que hay vacías en Castilla-La Mancha a disposición de las familias a las que, por desgracia, se les haya ejecutado ya el desalojo.
La diputada ciudadrealeña ha argumentado que son medidas necesarias y urgentes a la vista de que la crisis y el aumento del paro han llevado a miles de familias a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas, entre ellas el pago de la vivienda habitual
En este sentido, Fernández ha manifestado que “la actual ley hipotecaria no solo condena a estas familias a quedarse sin hogar, con todo lo que eso supone, sino también a estar condenados financieramente de por vida”, una indefensión que los socialistas creen que no puede mantenerse por más tiempo, razón por la que aseguran que “es necesario reaccionar con contundencia para evitar una gran injusticia como es que todo el peso de la crisis recaiga sobre las espaldas de los más vulnerables”.
Apelando al deber que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha de velar por el cumplimiento del derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, la parlamentaria regional del PSOE ha señalado que “no podemos ni debemos consentir que miles de familias castellano-manchegas se vean en la calle por una situación inesperada muy distinta a la que tenían cuando adquirieron sus compromisos hipotecarios, y esto se puede evitar perfectamente si los dirigentes de la Junta de Comunidades actúan con voluntad, responsabilidad y sensibilidad”.
En esa línea se enmarca la Proposición No de Ley que el Grupo Parlamentario Socialista llevará a las Cortes, y en que también se insta al Gobierno regional a poner en marcha un servicio de orientación y asesoramiento legal a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha que tengan problemas para hacer frente al pago de los compromisos adquiridos para la compra de sus viviendas habituales y no hubieran alcanzado un acuerdo previo con la entidad bancaria correspondiente.
En el fondo, Fernández ha remarcado que se trata de dar una solución firme a las familias afectadas por el drama de los desahucios o problemas derivados de la hipoteca, y para ello el PSOE castellano-manchego también ha propuesto al Gobierno de Cospedal que haga de intermediario con la entidad financiera para renegociar las condiciones y los plazos de pago de las hipotecas pendientes, así como a poner en marcha programas de mediación de deuda hipotecaria con el fin de facilitar la reestructuración, quita, control de intereses, dación en pago con alquiler social y denuncias sobre incumplimiento del Código de Buenas Prácticas, y exigir la paralización de los desahucios de vivienda habitual a todas las entidades financieras donde el Gobierno tenga cuentas abiertas.
Los negocios del marido de Cospedal
Unas buenas prácticas que, en otro orden de asuntos, Fernández considera que no ha seguido el Ayuntamiento de Madrid, al recordar que ya ha puesto a la venta o negociado la venta de cinco edificios con 130 viviendas de protección oficial ocupadas en su inmensa mayoría por personas mayores “a una empresa en la que precisamente ocupa el cargo de consejero el marido de la presidenta de Castilla-La Mancha”.
Fernández ha indicado a este respecto que “no se puede entender que para que haga negocio el marido de la presidenta de Castilla-La Mancha, a la sazón secretaria general del Partido Popular, haya que echar a la calle a 117 familias o haya que realojarlas, incluso amenazarlas para decirlas: o te realojo o te echo a la calle”.
Hechos como éste han servido a Fernández para concluir que tiene todo el sentido del mundo la iniciativa del PSOE de Castilla-La Mancha en la que exige que por ley no haya familiares de políticos y cargos públicos con responsabilidades en empresas que luego contratan o hacen negocios con las administraciones.
