Daniel Martínez, ha expresado la «rotunda oposición» de Izquierda Unida al proyecto de ley de tasas judiciales impulsado por Gallardón, ya que provocará «indefensión y privará del acceso a la justicia a los sectores más desfavorecidos de la sociedad».
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha trasladado su «rechazo frontal» a la nueva ley de tasas que en estos momentos se está tramitando en el Congreso de los Diputados, «ya que supondrá que los ciudadanos con menos recursos económicos, que hoy son la gran mayoría, en la práctica no tendrán ni posibilidades ni Derecho a acceder a la Justicia».
El coordinador regional de IU en Castilla-la Mancha, Daniel Martínez, ha asegurado que el Gobierno de Rajoy pretende eliminar la posibilidad de acceder a la Justicia a la mayoría de los ciudadanos que no podrán hacer frente a unas tasas que tendrán una subida generalizada de entre 50 y 750 euros, de las que solo estarán exentas aquellas unidades familiares con menos de 1100 euros de ingresos al mes.
Según Martínez, “hay que tener en cuenta, además, que aún sigue pendiente de solución la amenaza de cierre de alrededor de 20 juzgados en Castilla-La Mancha, la mayoría en zonas rurales, lo que unido a las tasas, convertiría la tutela judicial efectiva en una quimera para la mayoría de la gente en esta región, más bien estarán sometidos a una grave indefensión y a la imposibilidad de denunciar o reclamar ante un juzgado”.
“Gallardón está demostrando ser un auténtico desastre como Ministro de Justicia ya que no solo ha dejado de invertir y mejorar las condiciones del tercer poder básico de un Estado Democrático y de Derecho, como es la Justicia, sino que además la dota de un afán recaudatorio propio del Ministerio de Hacienda. Sin Justicia no hay igualdad, y sin igualdad no hay libertad”, ha aseverado finalmente.
Para Izquierda Unida de Castilla-La Mancha la reforma emprendida «impedirá que la mayoría de la gente pueda defenderse ante las injusticias y los abusos de los poderosos, es como extender a nivel general lo ocurre hoy con la posición de bancos en las ejecuciones hipotecarias, afecta a todos los ámbitos jurídicos, salvo al penal, y sólo tiene afán recaudatorio».
Pero además, se trata de una reforma «claramente inconstitucional ya que el propio Tribunal Constitucional, y los tribunales europeos, sólo ha admitido las tasas cuando por su importe no impidan el acceso a la jurisdicción por motivos económicos, siendo este precisamente el efecto que va a tener la nueva ley de tasas judiciales».
