FETE-UGT.- Cada 20 de noviembre conmemoramos la fecha en que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Por ello, esta fecha ha pasado a ser el Día Universal de los Niños y las Niñas.
La Convención sobre los Derechos del Niño es la primera ley internacional sobre los derechos de la infancia jurídicamente vinculante; es decir, de cumplimiento obligatorio para los estados firmantes. Consta de 54 artículos donde se reconocen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que tienen niños y niñas de todo el mundo; pero además, la Convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad.
Todos los países del mundo (excepto EEUU y Somalia) un total de 193 países la han ratificado y deben rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño. Esto la convierte en el instrumento de Derechos Humanos más ampliamente refrendado en la historia de la humanidad. A pesar de este hecho, sabemos que desgraciadamente se siguen violando diariamente los derechos de millones de niños y niñas en todos los países del mundo y, por lo tanto, todas las instituciones públicas y la sociedad civil deben seguir luchado para que la Convención se convierta en una realidad y no simplemente, una declaración de intenciones o principios.
Desde FETE-UGT asumimos este reto, y creemos que la lucha pasa por identificar las situaciones en que la declaración se está incumpliendo y las causas que afectan y deterioran las condiciones de vida de los niños y niñas, para reclamar y exigir, además de la puesta en marcha de políticas y servicios que compensen este deterioro. En este sentido, es evidente que la situación de crisis económica arrastrada desde el periodo 2007-08 en todo el mundo, y las distintas respuestas que han adoptado los Gobiernos están poniendo a prueba los compromisos asumidos en la Convención respecto de la protección de la infancia. La recesión, además, está poniendo en evidencia, en los distintos países, en qué medida la interacción entre la economía, las políticas públicas y el mercado de trabajo es capaz o no de proteger eficazmente a los/las menores contra las sacudidas financieras.
En el caso de España la mayor incidencia e impacto de la crisis sobre los niños/as y sus familias es ahora evidente y medible, y los actuales indicadores sociales y económicos proporcionan un diagnóstico claro de deterioro grave de las condiciones de vida en la infancia, previstas y denunciadas ya en los años 2009 y 2010 desde distintos organismos internacionales y nacionales. Según los tres indicadores escogidos por la Comisión europea para dar seguimiento al objetivo de reducción de la pobreza y la exclusión, en 2010 se ha producido un aumento de las personas en riesgo de pobreza y exclusión en 1,8 millones de personas en toda la UE, 1,2 millones de los cuales en la Eurozona, y la mayor parte (un millón) en España.
El 22% de los hogares en España está por debajo del umbral de la pobreza, afectando especialmente a hogares con presencia de menores de 16 años y observándose un incremento progresivo respecto a años anteriores. En 2010 este porcentaje se situó en el 20,7%.
Por tanto, la falta de respuesta por parte del Estado Español, y de las distintas administraciones autonómicas y locales, no puede ser atribuida al desconocimiento o falta de previsión, sino a una falta absoluta de responsabilidad. Las decisiones de austeridad presupuestaria o del incremento de recaudación en determinadas partidas sociales no dejan de ser elecciones políticas y la mayoría de estas decisiones no han sido socialmente neutras, sino que han afectado más a los más vulnerables.
Es así, como a las consecuencias extremadamente graves de la pérdida de empleo, y el empobrecimiento generalizado de las familias, con especial incidencia en los grupos o colectivos con mayor riesgo de exclusión social; hemos de sumar las políticas de recortes aplicadas y que, junto con sus efectos sobre la infancia, podemos resumir en:
- Reducción o eliminación de ayudas directas a la infancia. Cuando se acentuó la crisis económica en 2010, una de las primeras medidas de reducción del gasto público en España, fue la eliminación de la única ayuda universal a las familias con hijos que existía en nuestro país: la prestación por nacimiento o adopción de hijo aprobada por la Ley 35/2007. Así mismo, en numerosas Comunidades (responsables en gran medida del gasto social en familias) se han producido reducciones muy importantes (entre un 50-75%) en las ayudas a familias con hijos. También otras ayudas sociales, no siempre dirigidas específicamente a los menores, pero que tienen un impacto directo en los ingresos de las familias en riesgo o situación de exclusión, como por ejemplo el salario social o las rentas mínimas de inserción han visto reducidas su cuantía, su accesibilidad o su cobertura en varios territorios
- La reducción de las ayudas directas se ha visto acompañada de la reducción en otro tipo de ayudas en especie o de compensación de gastos. Especialmente, en el ámbito educativo, se ha observado una clara tendencia a reducir las ayudas y becas relacionadas con los estudios, los libros de texto y el servicio de comedor para los niños de familias con pocos ingresos. Como muestras de estas prácticas, de reducción del número de ayudas, de su importe, de su cobertura o, directamente, su eliminación; encontramos a Comunidades como Castilla-La Mancha que en 2012 eliminó la gratuidad de los libros de texto (mediante programas de préstamo y reutilización) o Galicia que han suprimido estas ayudas y las han sustituido por sistemas de becas con mucho menos alcance; o Madrid, que ha eliminado las becas de educación infantil (de 3 a 6 años)
- La calidad de vida de la población, no solo depende de los ingresos medios disponibles en las familias sino que además cuenta la aportación que hace la Administración Pública en forma de bienes y servicios a la renta disponible en las familias. Los servicios y bienes públicos no monetarios suponen un elevado aporte a la redistribución de la riqueza, y ello, es especialmente patente en el caso de la sanidad y la educación, que atenúan considerablemente, un 20% de media, la desigualdad medida en términos de ingresos. En este sentido Las rebajas tanto en partidas de gasto corriente (incluidas las de personal) como en las de inversiones se han generalizado y probablemente se incrementarán en el futuro, lo que sin duda tendrá implicaciones en el alcance y la calidad de los servicios.
- Los recortes aplicados en materia de cooperación ha sido uno de los más notables, al reducirse en un 65,4% el presupuesto de ayuda al desarrollo. Todos sabemos que las principales líneas de financiación han ido destinadas, en años anteriores, al desarrollo de programas sanitarios, educativos, y de desarrollo comunitario, con un impacto muy importante en la calidad de vida de la infancia.
Si se cumple el binomio «mayor volumen de necesidades – menos recursos para atenderlas» de una forma sostenida en el medio plazo, la tensión producida entre ambos factores acabará trasladándose a la sociedad española en términos de falta de cohesión social. A lo largo de 2011, y lo que llevamos de 2012, la continuación de la crisis ha puesto a prueba su madurez democrática, la solidez de las estructuras del sistema de protección social así como de otros ingredientes de la cohesión y el bienestar social, como la solidaridad intergeneracional o la capacidad de sortear las circunstancias adversas, cuya importancia suele subestimarse en los análisis. El problema, es que las familias ya no pueden hacer muchos más ajustes en una economía muy precarizada.
Garantizar los derechos de los niños durante la crisis económica actual y el período de recuperación posterior exige tomar decisiones difíciles, pero trascendentales, que no son otra cosa que un ejercicio de responsabilidad y equidad.
A fin de que la crisis no deje un legado de privaciones a las próximas generaciones, desde FETE-UGT exigimos al Estado que cambie su política de contención del gasto público y tome la decisión de salvaguardar, apoyar y, en lo posible, ampliar los servicios esenciales, la protección y la participación que constituyen derechos de los cuales deben gozar todos los niños y niñas, sin excepción, y en todo momento.
