El PSOE de Campo de Criptana ha anunciado que exigirá al alcalde de la localidad, el ‘popular’ Santiago Lucas-Torres, que pague de su bolsillo los 2.500 euros que suponen las costas del recurso de casación que interpuso ante el Tribunal Supreso, que ha anulado definitivamente un convenio urbanístico aprobado por el equipo de Gobierno del PP en el pleno del 28 de septiembre del 2006.
La secretaria general de los socialistas criptanenses, Carmen Teresa Olmedo, recuerda que en marzo de 2010 el alcalde no quiso admitir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), y “pese a ser consciente de que el varapalo sería el mismo, Lucas-Torres decidió presentar recurso de casación ante el Supreso para salvar sus vergüenzas, eso sí, lo hizo con fondos del Ayuntamiento y, por tanto, con dinero de todos los vecinos y vecinas del municipio”.
Olmedo ha señalado que «pese a los seis años de espera y el importante coste económico que ha supuesto para el PSOE, ha valido la pena el esfuerzo, la convicción y el interés general que defendíamos con nuestra denuncia para evitar estas actitudes y decisiones arbitrarias del alcalde y su equipo de Gobierno, quien pretendía beneficiar solo a unos pocos y, por tanto, en contra de los intereses de todos los ciudadanos de Campo de Criptana».
Desde el Grupo Municipal Socialista se preguntan que “si el alcalde no defendía los intereses comunes de nuestro pueblo, ¿qué intereses le movían para que se empeñara en firmar un convenio urbanístico que la Justicia no le ha permitido?”. El PSOE pide que el alcalde se explique ante los habitantes de Campo de Criptana «y que reconozca que se equivocó al recurrir la primera sentencia contraria que el notificó el TSJCLM».
En cuanto a los hechos, secretaria general del PSOE criptanense ha detallado que el Tribunal Supremo ha anulado definitivamente el convenio urbanístico aprobado por el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento en el pleno del 28 de septiembre del 2006, y que afectaba al edificio construido en la calle Virgen de Criptana nº 12, algo que ya hizo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el 9 de marzo del 2010 cuando lo declaró “contrario a derecho”.
La responsable socialista recuerda que la anulación de ese acuerdo urbanístico suponía modificar el Plan de Ordenación Municipal (POM), “pero sólo para una finca en concreto y para beneficio de un constructor en concreto, y de esta manera poder construir viviendas interiores en el mencionado edificio pese a ir contra las normas urbanísticas del momento».
Según el PSOE, Lucas-Torres pretendía intercambiar 48 plazas de garaje en dicho edificio por 13 parcelas en una zona de expansión de Campo de Criptana -casi 2.000 metros cuadrados- cuya valoración en mercado se aproximaba a los 500 euros por metro cuadrado, pero “sospechosa y descaradamente el equipo de Gobierno del PP los valoró en 240 euros el metro cuadrado”.
«La brillante idea de Santiago Lucas-Torres suponía unas pérdidas de 520.000 euros (casi 87 millones de pesetas) para el pueblo a costa de su generosidad para regalárselos a un constructor pese al cúmulo de irregularidades urbanísticas que contemplaba el convenio que pretendía acometer el alcalde de nuestro pueblo hasta que la Justicia le ha dicho que no”, ha reprochado Carmen Teresa Olmedo.
