Antonio Salinas Hernández, diputado regional del PSOE.- La situación de gravedad por la que atravesaba el Alto Guadiana hacía necesario la adopción de medidas y la puesta en marcha de un proyecto apoyado en un programa a largo plazo que frenara la situación de deterioro hídrico de la zona y a la vez contribuyera a su regeneración. Así quedaba recogido en la Directiva marco del Agua del año 2000 y en la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001, que mandataba que en el plazo máximo de un año tenía que estar elaborado un Plan Especial para el Alto Guadiana.
Este proyecto como tal no vio la luz hasta el año 2008, año, en el que, por acuerdo de los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha y con diálogo social, lo sacaron adelante. Fue un proceso largo, propio de un proyecto difícil que tendía a aplicar soluciones a un problema grave y duradero en la zona, pero salió adelante con un elevado grado de consenso social: sindicatos agrarios, municipios, universidad, comunidades de regantes, la administración hidráulica, prácticamente todos…, todos, menos el Partido Popular, que se dedicó desde el primer momento a boicotearlo.
Hoy tenemos conocimiento de la información del Instituto Geológico y Minero de España, que dice que en los últimos tres años (2009-2012) el acuífero 23 ha recuperado 1.810 Hm3, a pesar de que el último año (octubre 201 –octubre 2012) ha sido considerado como muy seco. Esta recuperación ha sido mayor que la que obtuvo el acuífero 23 en el periodo húmedo 1995-1997. Este hecho pone de manifiesto el evidente y gran descenso del déficit de este acuífero en casi dos tercios del que sufría inicialmente, y también que aunque no hay que lanzar las campanas al vuelo, sí que se estaba en el buen camino con el Plan Especial del Alto Guadiana iniciado.
Y es que, el PEAG ha permitido una recuperación del acuífero, mantener una gran superficie encharcada en las Tablas de Daimiel, desterrar el peligro de incendios de turbas en el Parque Nacional y, muy importante, garantizar agua para los ciudadanos de cara al futuro: agua para los agricultores y agua para el abastecimiento a los ciudadanos.
Un ejemplo evidente que se puede comprobar en estos momentos es que con las últimas lluvias de apenas 30 litros por metros cuadrados, el cauce del Guadiana ha vuelto a llevar agua y las Tablas de Daimiel en amplias zonas se están encharcando. Esta es una muestra clara y rotunda de la recuperación del acuífero y del efecto positivo del Plan.
Por supuesto que un programa como el anteriormente enunciado es un programa complejo, que tenía un largo recorrido hasta el 2027, que habría que trabajar para perfeccionarlo, para mejorarlo, para corregir sus disfuncionalidades, pero no olvidemos que era un programa admitido y defendido a nivel nacional e internacional, todo menos “cargárselo” como ha hecho el Gobierno del PP al introducir como gran novedad el mercadeo del agua, esto es, los que tienen agua mediante una concesión la ponen en el mercado, y el mejor postor, por posibilidades o por necesidades, que la pague, todo ello sin tener en cuenta para nada las características y las necesidades del sector agrario.
El Plan Especial del Alto Guadiana, aprobado en el 2008 y puesto en marcha inmediatamente, era un plan de garantías para el abastecimiento, para la agricultura, para el medio ambiente y para el desarrollo económico que no iba en contra de nadie y que sí ha permitido que los agricultores que no disponían de agua dispusieran de ella de forma gratuita mediante una concesión del banco de derechos de agua y, muy importante, sin coste económico ninguno para el agricultor.
Ahora con el Gobierno del PP la cosa cambiará, y quien quiera agua y pueda, la tendrá que pagar. ¿A qué precio? Eso lo dirá el mercado. Así que, cultivadores de ajos, melón, pimiento, cebollas, etc., a partir de este momento se abre de nuevo la posibilidad para la especulación del agua.
Por ello, como decía al principio, me da pena que un proyecto calificado por todos como bueno para todos, que según demuestra el Instituto Geológico y Minero, ha ofrecido sus resultados y que tenía un plazo de ejecución hasta el año 2027, el Partido Popular, sin pararse a estudiar sus posibilidades, sin diálogo, sin proponer medias alternativas ni correctoras y de forma unilateral lo hagan desaparecer, dejando sin alternativas y con un futuro incierto a una amplia zona del territorio de Castilla-La Mancha como es el Alto Guadiana. Y más me llama la atención que esto lo defiendan los responsables políticos del PP que tienen la obligación de defender esta tierra.
