La secretaria de Vivienda de la Ejecutiva Regional del PSOE, Irene Barahona, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista presentará en las Cortes una iniciativa para instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a que gestione la devolución de los 20 millones de euros que los notarios y registradores “han cobrado de más y de forma indebida” a ciudadanos de la región por los trámites en la cancelación de sus hipotecas.
Barahona ha explicado que existe una resolución del Tribunal Supremo que obliga a esos colectivos a devolver a los clientes “todo lo cobrado de forma abusiva” al incurrir en una conducta irregular, ya que en el caso de los notarios se ha detectado que en lugar de 70 euros cobraron 260 euros de más de media por sus gestiones en las cancelaciones hipotecarias, mientras que en el caso de los registradores cobraron de media 144 euros de más cuando el importe debía haber sido de 24 euros.
En el cómputo global, y tras haberse producido un cómputo de facturas a cargo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la responsable socialista ha cifrado el importe total de lo cobrado de forma abusiva a los ciudadanos en casi 400 millones de euros en las hipotecas canceladas entre diciembre de 2007 y mayo de 2012.
En el caso de Castilla-La Mancha esos cobros abusivos e irregulares asciende a esos 20 millones de euros indicados anteriormente, mientras que en la provincia de Ciudad Real son 6 millones los que notarios y registradores recaudaron de forma indebida.
Por ello, y a parte de esa exigencia a la Junta de Comunidades para que interceda a través de sus organismos de atención y consumo, Barahona ha recomendado a todas aquellas que cancelaron su hipoteca en el periodo mencionado que exijan la devolución de la cantidad que legalmente les corresponda en cada caso.
En este sentido, y tras la resolución de la Fiscalía de la Sala Civil del Tribunal Supremo, Irene Barahona ha manifestado que “los notarios y registradores ya no tienen ninguna excusa” para devolver de manera inmediata el dinero que cobraron de más a los ciudadanos, una postura argumentaba por la OCU, quien a modo de ejemplo detectó que a lo largo de 2010 los notarios y registradores habían cobrado 93 millones de euros de forma indebida en las 372.000 hipotecas canceladas.
Dentro de este mismo asunto, Barahona ha recordado que el PSOE podrá en marcha mañana viernes su primera oficina de atención y asesoramiento sobre hipotecas y desahucios, una herramienta más dirigida al objetivo final de los socialistas, que tal y como ha destacado Barahona, “es que la gente no pierda su vivienda y que esto no vuelva a suceder” más de ahora en adelante.
